
Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.- El Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta, informó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso local sobre el avance y estado actual de las auditorías realizadas a los contratos entre el Gobierno del Estado y la empresa Seguritech, relacionados con la construcción y operación del Proyecto y Torre Centinela, de los cuales se desprenden posibles sanciones por cerca de 98 millones de pesos.

Durante su comparecencia, Acosta precisó que las observaciones derivadas de la revisión permiten que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) se encuentre en condiciones legales de aplicar penas convencionales y deductivas, al tratarse de un contrato que aún no ha concluido.
El contrato auditado corresponde al SH/ADE/079/2022, firmado el 6 de julio de 2022, bajo la modalidad de prestación de servicios de carácter plurianual, cuyo propósito es la implementación de un sistema integral de enlace, monitoreo y videovigilancia para el Proyecto Centinela en Chihuahua.
Este instrumento jurídico establece un monto total de 4 mil 709 millones 855 mil 681 pesos con 32 centavos, IVA incluido, y contempla el diseño, suministro, instalación, integración tecnológica, transferencia de conocimiento y operación de un sistema orientado a responder de manera inmediata a situaciones de inseguridad y emergencia. El proyecto considera la operación de 13 subcentros Centinela en la entidad, así como la Torre Centinela, ubicada en Ciudad Juárez.
En el análisis de las Cuentas Públicas 2023 y 2024, la Auditoría Superior del Estado detectó pagos por bienes y servicios que no fueron recibidos, así como deficiencias en la aplicación de penas convencionales. En particular, durante el ejercicio 2023 se aplicaron sanciones por 1 millón 922 mil 945 pesos con 02 centavos, cuando el monto correcto debió ascender a 5 millones 94 mil 586 pesos con 80 centavos.
Las auditorías también documentaron retrasos en la ejecución de las obras de la Torre Centinela en ambos ejercicios fiscales, además de modificaciones al proyecto realizadas sin contar con el respaldo de un instrumento jurídico adecuado.
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En cuanto a los entregables pendientes, Acosta detalló que en la Cuenta Pública 2023 no se acreditó la entrega de 163 arcos carreteros, 9 filtros Centinela, 1,643 equipos de videovigilancia, 239 drones, un sistema antidrones, 65 tabletas, así como los subcentros ubicados en Ojinaga, Bocoyna, Madera y Nuevo Casas Grandes.
A AÑOS DEL CONTRATO NO HAY ENTREGABLES
Para la Cuenta Pública 2024, la ASE reportó la ausencia de 30 arcos carreteros, 10 filtros, 17 videowall, 78 mesas de trabajo, y los centros de mando en Guadalupe y Calvo y en Nuevo Casas Grandes.
Como resultado de estas omisiones y observaciones, la Auditoría Superior del Estado determinó penas convencionales por un total de 98 millones 453 mil 91 pesos con 74 centavos, las cuales se encuentran en proceso de validación para su cobro. Se informó además que Seguritech y la SSPE han sostenido 14 reuniones de conciliación, y que la SSPE mantiene retenidos pagos a la empresa Seguritech Privada, S.A. de C.V., mismos que respaldan el monto de las sanciones determinadas.
Héctor Acosta explicó que, si bien la empresa tiene derecho a presentar sus argumentos dentro del proceso de conciliación que marca la ley, la SSPE conserva la facultad de aplicar las sanciones, al no haberse finiquitado el contrato.
Finalmente, el auditor superior indicó que las auditorías al Proyecto Centinela derivaron en 12 observaciones, una solicitud de aclaración, dos denuncias administrativas por faltas no graves, tres denuncias administrativas por faltas graves y una denuncia de hechos, las cuales siguen su cauce conforme a la normatividad vigente.
