Por: Josselyn Enriquez
Chihuahua, Chih.- El sector minero se movilizó este sábado en la capital de Chihuahua tras el caso del 23 de enero, cuando 10 trabajadores de una mina en Concordia, Sinaloa, fueron privados de la libertad y posteriormente localizados en una fosa clandestina; entre ellos, los chihuahuenses Jesús Antonio de la O Valdez y Saúl Alberto Ochoa Pérez.
La marcha partió de la glorieta de Pancho Villa y concluyó en la Plaza del Ángel, donde se guardó un minuto de silencio. Participaron alrededor de 100 personas entre trabajadores, estudiantes, docentes, familiares y amigos.
Sin embargo, el eje del movimiento no fue únicamente el hecho reciente, sino la acumulación de agresiones, secuestros y presiones que, de acuerdo con los testimonios compartidos, forman parte de una problemática que el gremio ha vivido por años.
“Siempre ha sido así”: la normalización del riesgo
Margarita Alarcón, integrante de Mujeres en Geociencias, señaló que el caso de enero no representa un punto aislado, sino un momento que hizo visible una situación constante.
Con 23 años en el sector, explicó que a lo largo de su trayectoria ha conocido casos de secuestros y agresiones que no alcanzaron atención pública nacional. Señaló que en distintos periodos los riesgos han sido mayores, pero que la exposición a situaciones de inseguridad ha estado presente de manera continua.
Indicó que el problema se ha normalizado dentro del gremio, pese a que no debería asumirse como parte inherente del trabajo. También recordó que en algún momento existió una policía minera que brindaba acompañamiento en traslados y proyectos, esquema que fue retirado sin continuidad institucional.
De dormir en campo sin temor a enfrentar cobros y retenes
Gabriel Zendejas P., egresado de la primera generación de minas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua, comenzó a trabajar en 1970. Durante la concentración comparó las condiciones de entonces con las actuales.
Relató que en sus primeros años podían desplazarse y pernoctar en comunidades sin restricciones, y que con el paso del tiempo comenzaron presiones, exigencias de pago y presencia de grupos armados en zonas mineras.
Recordó que en 2012 fue rescatado por el Ejercito en la sierra de Chihuahua tras permanecer sitiado junto con su equipo de trabajo. También mencionó haber enfrentado asaltos y situaciones de riesgo en distintos proyectos.
Cuestionó las primeras versiones que señalaron una posible confusión en el caso de Concordia, al considerar que los trabajadores fueron localizados en sus espacios de descanso dentro de la comunidad.
Testimonios desde la operación en campo
Benjamín, quien también participó en la movilización, relató que trabajó en Concordia y que en ocasiones no se permitía el ingreso por las condiciones de seguridad en la zona. Señaló que días después de uno de esos ingresos se registraron hechos violentos en la comunidad.
Explicó que en distintos puntos del país han tenido que retirarse acompañados por fuerzas federales ante la presencia de personas armadas, y que en carreteras han detectado retenes irregulares. También hizo referencia a la participación de jóvenes en estos grupos y al abandono de comunidades rurales.
Una exigencia que va más allá del caso reciente
En el posicionamiento leído en la Plaza del Ángel se planteó que la inseguridad no puede asumirse como riesgo operativo ni como variable inevitable del sector. Se exigieron investigaciones claras, protección efectiva y una estrategia coordinada entre el Gobierno Federal y los estados con actividad minera.
“Es una herida abierta, una fractura ética que atraviesa al gremio. Sus ausencias se sienten en cada proyecto, en cada mina, en cada universidad y hogar que conoce el sacrificio de salir a trabajar sin la certeza de regresar. No permitiremos que esto se vuelva una rutina ni una estadística. La inseguridad no puede tratarse como riesgo operativo, ni la violencia como variable inevitable. Cuando se acepta así, el problema se vuelve institucional, político y moral. Al Gobierno Federal y a los estados mineros, la seguridad es su obligación. No es una promesa”.
Los participantes coincidieron en que el caso del 23 de enero visibilizó la problemática por el número de víctimas, pero señalaron que los antecedentes de secuestros, presiones y agresiones forman parte de una herida acumulada que no ha sido atendida de manera estructural.
La movilización concluyó con el compromiso de mantener la organización y continuar las acciones en coordinación con otras marchas realizadas en diferentes estados del país.
