Por: Josselyn Enriquez
Chihuahua, Chih.- Colectivas convocantes a la marcha del 8 de marzo expresaron su preocupación por la colocación de vallas metálicas y el cierre de múltiples calles en la ruta y el punto final de la movilización, medidas implementadas por autoridades estatales y municipales.
A través de un posicionamiento dirigido al público, medios de comunicación y redes feministas, señalaron que estas acciones constituyen una estrategia disuasiva que, afirmaron, busca generar miedo e incertidumbre entre las asistentes para desalentar su participación.
Las colectivas indicaron que estas medidas vulneran derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente el derecho a la libre manifestación de las ideas y al libre tránsito.
Asimismo, advirtieron que el bloqueo extensivo de vias representa un riesgo desde la perspectiva de seguridad y protección civil, al limitar rutas de circulación y posibles salidas durante un evento masivo. Señalaron que, en lugar de garantizar condiciones seguras para el ejercicio de derechos, estas decisiones podrían generar un entorno de mayor riesgo para quienes participen en la movilización.
En el posicionamiento también señalaron que resulta incongruente que la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza hayan señalado públicamente que el operativo busca resguardar la seguridad de las mujeres, cuando -afirman- las acciones implementadas generan un entorno restrictivo y potencialmente represivo para quienes ejercen su derecho a manifestarse.
Las colectivas también sostuvieron que estas medidas refuerzan una narrativa que presenta a los grupos feministas como una amenaza pública, lo que -indicaron- distorsiona la protesta social y justifica el amurallamiento de edificios públicos y el cierre de amplios sectores de la ciudad.
Agregaron que estas acciones desvian la atención de problemas estructurales que afectan a la población, como la corrupción, la impunidad y los altos índices delictivos en Chihuahua.
Finalmente, reiteraron que la movilización del 8M es una expresión legítima del derecho de las mujeres a manifestarse y exigir justicia, y señalaron que corresponde al Estado garantizar condiciones adecuadas de seguridad, movilidad y respeto a los derechos humanos.
Las colectivas hicieron responsable a la gobernadora y al alcalde de cualquier incidente que pudiera ocurrir como consecuencia de las decisiones tomadas para bloquear y restringir las vías en el entorno de la marcha.
El posicionamiento público fue firmado por: Comité de la Diversidad Sexual, Sáficas del Norte ,PROTRANS, Alianza por la Defensa del Estado Laico (ADELA), Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses A.C., Movimiento Malinche, Marea Verde Chihuahua, Mujeres Venus Mexico A.C., Mujeres 420, Casa Norteadas y Doulas.
