Ciudad de México, a 26 de marzo 2026 — Durante la aprobación de reforma al artículo 127 constitucional para poner fin a las “pensiones doradas”, la diputada federal Greycy Durán Alarcón, a voz del Partido del Trabajo (PT), respaldó desde tribuna este reordenamiento del gasto público para eliminar privilegios y priorizar recursos para necesidades como salud, educación y programas sociales.
“Hoy decidimos de qué lado de la historia queremos estar. Del lado de los privilegios de unos cuantos o del lado de la justicia para millones de mexicanas y mexicanos”, expresó durante la discusión del dictamen que posteriormente fue aprobado por unanimidad en lo general con 458 votos, y en lo particular con 363 votos a favor, 64 en contra y 25 abstenciones.
Durán Alarcón recordó los abusos que durante años permitió el sistema, con “pensiones de 100 mil, de 300 mil hasta de 1 millón de pesos mensuales”, en contraste con la precariedad de la mayoría trabajadora, y que drenaban recursos públicos en beneficio de una minoría privilegiada.
“El dictamen que hoy discutimos pone orden donde durante años hubo excesos. El gasto en pensiones se ha disparado de manera alarmante. Ese dinero entregado a unos cuantos podría estar en hospitales, en escuelas, en seguridad, en programas sociales que el pueblo realmente necesita”, afirmó.
NINGUNA PENSIÓN MAYOR A LA MITAD DE LO QUE GANA LA PRESIDENTA
La reforma aprobada, y ahora remitida a las legislaturas estatales, establece que ninguna jubilación o pensión en el sector público (incluyendo organismos descentralizados, empresas del Estado y fideicomisos) podrá exceder la mitad de lo que gana la presidenta. Además, prohíbe que contratos o disposiciones laborales establezcan beneficios por encima de este mismo límite.
La diputada cuauhtemense enfatizó que la medida no vulnera derechos legítimos, sino que corrige distorsiones. “Se ha dicho que esta reforma afecta derechos adquiridos, pero seamos conscientes, responsables y congruentes con la Constitución. No puede ser rehén de estos abusos”, subrayó.
Cabe señalar que el dictamen contempla excepciones específicas, como las Fuerzas Armadas y los esquemas de ahorro individual, así como pensiones derivadas de aportaciones voluntarias o sindicales. “Protege lo legítimo, pero elimina lo injustificable”, sostuvo la diputada Greycy Durán.
Asimismo, se establece que las pensiones ya otorgadas deberán ajustarse al nuevo límite, salvo en los casos expresamente excluidos, y se fija un plazo de 90 días para que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales armonicen su marco jurídico.
“La Suprema Corte ha sido clara en que las reformas constitucionales pueden ajustar efectos de situaciones previas cuando está de por medio el interés público y sí esto es de interés público: Terminar con los excesos y recuperar la dignidad del servicio público”, sentenció la diputada petista.