Por: Josselyn Enriquez
Chihuahua, Chih.- En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, activistas y personas de la comunidad trans ofrecieron una rueda de prensa para visibilizar sus derechos y denunciar las condiciones de discriminación y precariedad que enfrentan en México y en el estado.
Durante el encuentro, señalaron que la esperanza de vida de las personas trans es de apenas 35 años, situación vinculada a crímenes de odio -principalmente contra mujeres trans- y a estructuras sociales que continúan negando el acceso pleno a sus derechos humanos.
Falta de atención en salud y omisiones institucionales
Las activistas Mayte Regina Gardea de organización “Unión y Fuerza Trans” e Iracebeth Cereseres del colectivo “Morres Autónomes” expusieron que en Chihuahua persisten omisiones en los servicios de salud hacia la población trans. Indicaron que no existen protocolos para personas gestantes que no se identifican como mujeres y que, aunque existen lineamientos, estos no se aplican.
Asimismo, denunciaron que el acompañamiento en terapias de reemplazo hormonal es inexistente, y que el acceso a servicios de salud integral continua siendo limitado.
También señalaron que, pese a la eliminación del delito de aborto del Código Penal en el estado, el acceso a estos servicios sigue siendo lento y con obstáculos.
Exigencia de reconocimiento legal y acceso a la justicia
En materia legislativa, plantearon la necesidad de tipificar el transfeminicidio y los crímenes de odio, mediante una iniciativa que contemple procesos diferenciados para mujeres trans.
Explicaron que las leyes actuales no contemplan sus realidades, lo que limita el acceso a la justicia. Como ejemplo, mencionaron que, en casos de asesinato, personas cercanas a la víctima no pueden exigir justicia si no cumplen con criterios legales de parentesco.
Indicaron que buscan impulsar una iniciativa denominada “Ley Mireya”, la cual tomaría como referencia de la activista transgénero Mireya Rodríguez para establecer precedentes en el reconocimiento del transfeminicidio y sus agravantes.
Sobre el caso de Mireya, mencionaron que, a seis años del transfeminicidio, continúa en proceso y que existe el reconocimiento de fallas por parte del Estado. Señalaron que se espera una resolución y que continuarán con acciones, incluyendo movilizaciones ante el Congreso del Estado.
Añadieron que este caso podría abrir la puerta para el reconocimiento del transfeminicidio en la legislación local.
Trabajo sexual, salud y prevención
Durante la rueda de prensa, también se abordó la situación de mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. Alertaron sobre casos de extorsión y la falta de información entre personas que recientemente se integran a esta actividad.
Se informó que, tras reuniones con autoridades, se abrirán espacios de atención en CAPACITS para brindar servicios de salud, prevención y seguimiento médico.
Entre las acciones planteadas se encuentra la realización de reuniones mensuales, el acceso a esquemas de vacunación, así como la promoción del uso de medidas de protección.
Situación de vulnerabilidad y organización comunitaria
Las activistas señalaron que existen mujeres trans en situación de calle, particularmente personas mayores, a quienes actualmente se brinda acompañamiento, aunque reconocieron que hacen falta más espacios de apoyo.
Hicieron un llamado a fortalecer la organización comunitaria para atender las problemáticas desde lo colectivo.
La rueda de prensa se realizó en las instalaciones de la asociación Fátima I.B.P. Su directora, Karla Arellano, reiteró el compromiso de la institución para acompañar a personas con VIH/SIDA y población trans, así como para impulsar condiciones que permitan vivir la identidad con libertad y sin discriminación.