Por: Josselyn Enriquez
Chihuahua, Chih.- El Gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al considerar que sus conclusiones son “tendenciosas” y omiten los avances institucionales que, asegura, se han implementado en el país desde 2018.A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Estado mexicano sostuvo que el documento carece de rigor jurídico y no toma en cuenta la información presentada por las autoridades nacionales.
En su posicionamiento, el gobierno reiteró que en México no existe una política de Estado que promueva desapariciones forzadas, y subrayó que este tipo de delitos no son tolerados, permitidos ni ordenados por las autoridades. Además, defendió que muchas de las desapariciones están vinculadas a acciones de grupos criminales y no a una práctica sistemática desde el Estado, al tiempo que destacó que en los últimos años se han impulsado reformas legislativas e institucionales, así como acciones coordinadas con colectivos de familiares.
El gobierno también cuestionó la imparcialidad del Comité, al señalar posibles conflictos de interés entre algunos de sus integrantes, además de insistir en que el informe no refleja la situación actual del país.Incluso, destacó que el propio Comité reconoce que no existen indicios de una política federal orientada a cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.
Pese a ello, el Estado mexicano reiteró su disposición a mantener cooperación internacional, siempre que esta se base en información que considere objetiva y acorde a la realidad nacional.
En contraste con la postura oficial, datos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) señalan que la desaparición de personas en México mantiene una tendencia creciente y con características generalizadas.
De acuerdo con el reporte, el país superó los 100 mil casos de personas desaparecidas en 2022. Posteriormente, la cifra aumentó 7.3% en 2023, 6.3% en 2024 y 12% en 2025, manteniendo una tendencia al alza.
El informe advierte que la desaparición de personas en México presenta un comportamiento sistemático.