Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.– El abogado Luis Eduardo Valdez Barrón, defensor de Fernando Ramírez Gutiérrez, “El Chapito”, aseguró en llamada telefónica con Fuenteinfo que la resolución que revocó la vinculación a proceso por homicidio en grado de tentativa contra su cliente se sustentó en un video y una pericial en criminalística que, dijo, desmienten la versión de un ataque con intención de matar.
De acuerdo con el litigante, durante la audiencia se incorporó un video -obtenido legalmente y validado pericialmente- en el que, según su interpretación, no se observa un disparo a distancia contra las víctimas, como se había señalado, sino un forcejeo en el que el arma fue utilizada para agredir físicamente y, eventualmente, se escapa un disparo derivado del ‘jaloneo’.
“Tenemos y se incorporó debidamente al proceso un video (…) donde lo que se estaba señalando por parte del denunciante es que se le había disparado a 10 o 15 metros de distancia. Esto no corresponde con lo que ocurre en el video”, afirmó.
Valdez Barrón explicó que, bajo el principio de legalidad del sistema penal acusatorio, para configurar un homicidio en grado de tentativa debe acreditarse la intención de privar de la vida (animus necandi), lo cual, sostuvo, no se desprende de las imágenes ni del análisis pericial.
“Al momento de golpear o de intentar golpear, se escapa un tiro y eso fue lo que lesionó a las dos personas con un solo proyectil (…) no fue que lo accionara en diferentes ocasiones el arma”, detalló.
El defensor reconoció que su cliente utilizó el arma durante el altercado, pero negó que existiera intención homicida. “Aceptamos lo que es evidente (…) hubo un conflicto y se utilizó un arma, pero no con la intención de privar de la vida a nadie. Lo otro fue accidental”, señaló.
Asimismo, indicó que Ramírez Gutiérrez contaba con permiso de portación expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional para el arma involucrada, previo a los hechos.
Sobre la actuación judicial, el abogado sostuvo que la magistrada que resolvió el caso advirtió violaciones a derechos humanos en el proceso, particularmente relacionadas con presiones denunciadas por el juez de control.
“Se le violó el derecho humano a una impartición de justicia imparcial (…) por las presiones que estaba haciendo objeto el juez”, afirmó, al señalar que estas fueron referidas por el propio juzgador hacia la mesa de la Fiscalía, sin señalar nombres específicos.
ANTE IRREGULARIDADES, MAGISTRADA FACULTADA PARA CORREGIR, DIJO
“Tiene la posibilidad de subsanar este tipo de violaciones al debido proceso (…) y resuelve en consecuencia que un proceso con estas características nunca iba a llevar a buen puerto”.
En cuanto a las personas lesionadas, el defensor señaló que, aunque existen certificados médicos que acreditan heridas por arma de fuego, estas no pusieron en riesgo la vida y tardaban menos de 60 días en sanar. Además, indicó que, hasta el momento de la resolución, dos de los afectados no habían presentado querella formal, lo que, dijo, limitaba su carácter de víctimas dentro del proceso.
El abogado también rechazó que existan elementos de corrupción o tráfico de influencias en el caso y sostuvo que la resolución se basó en pruebas objetivas.
“No hay ni una sola prueba de que exista tráfico de influencias o corrupción”, afirmó.
Respecto al video, precisó que su difusión depende de la autorización del propietario del sistema de videovigilancia y del propio imputado, aunque se mostró dispuesto a facilitarlo para análisis periodístico.
Finalmente, advirtió que la resolución no es definitiva, ya que la contraparte aún puede recurrir al juicio de amparo. “Esto no implica que termine completamente (…) estaremos al pendiente”, dijo.
EL HECHO…
El pasado 10 de abril, una magistrada de la Sala Regional en Hidalgo del Parral revocó la vinculación a proceso de Fernando Ramírez Gutiérrez por homicidio en grado de tentativa, tras hechos ocurridos el 29 de septiembre de 2025 afuera de una funeraria en ese municipio, donde tres personas resultaron lesionadas por arma de fuego.
La decisión ha sido cuestionada por los afectados, quienes la calificaron como un “atropello a la justicia”.