Primer piso de Ciudad Judicial. Decenas de trabajadores, profesionistas, personal administrativo…. Encerrados. Órdenes escupidas. Gente aterrada. Dos déspotas con la llave y el candado. “Nadie sale hasta que aparezca el expediente”, ladraron los dos aparatchiks del Gera Acosta.
EN EL NUEVO PODER JUDICIAL de Chihuahua se libra una disputa que pasa por las sentencias. Se pasea por los pasillos. Se palpa en los turnos. Se aprecia en los expedientes. Se nota en quién recibe qué… y quién no recibe nada.
Se nota desde las presiones para soltar al hermano del diputado Memo Ramírez, – acusado de tentativa de homicidio – y se nota desde quienes dijeron sí y no a esas presiones.
En el Nuevo Poder Judicial de Chihuahua hay dos corrientes. Dos corrientes que NO corren en paralelo, chocan.
POR UN LADO, un grupo de jueces de control, electos – por acordeón de todos los colores – pero visibles, profesionistas en su mayoría relativamente jóvenes, con un mandato electoral y ganas de trabajar. Un relevo político y generacional que vino a tomar comando de los espacios que ganaron en las urnas.
Por el otro, una vieja guardia incrustada en el acordeón oficial de Palacio, y que también ya venían colgando en el engranaje administrativo que aceita y mueve la maquinaria del Poder Judicial: el sistema administrativo. Aquellos encargados de los oficios, notificaciones, tiempos, personal, equipo, etc. Sin ellos, ningún juez camina. Ninguna sentencia sale.
Este último es el engranaje que no controlan los jueces. Lo controla la Dirección de Gestión Judicial.
Aquí operan nombres que se repiten en voz baja, director y subdirector de Gestión, respectivamente: Leo Eduardo Luna Cortes y Gabriel Humberto Sepúlveda Ramírez. Los dos son operadores de su jefe, más infame y más conocido: el magistrado Gerardo Javier Acosta Barrera.
SON ELLOS (Leo y Humberto) quienes administran los turnos y reparten las cargas; es decir, en los hechos, ellos deciden qué juez ve qué caso.
A los jueces alineados con el poder (la vieja guardia y sus lisonjeros), les tocan las carpetas de alto impacto. En fin – dice Acosta – harán lo que les digamos. A los jueces independientes, les turnan lo rutinario, lo irrelevante, lo normal, lo que atasca el sistema. No por falta de capacidad, sino por no doblarse.
De repente se les escapa por las manos una carpeta de mayor importancia a algún juez que no controlan. Arremeten de forma exagerada. Hostigan personal, presionan jueces. Un simple “¿cómo va ese caso?” carga una amenaza y una presión sutil.
Tal es la paranoia, que guardan carpetas bajo llave, que si bien es normal, los mecanismos de resguardo extras rebasan lo excesivo y desbordan en la manía.
Supuestamente, llegaron a secuestrar a todo un piso. Relatan fuentes al interior del Poder Judicial que en una ocasión se perdió una carpeta de alto calibre. Encerraron a personal administrativo bajo llave en el primer piso de Ciudad Judicial, bajo amenazas. Gritos. Gente aterrada “Nadie sale hasta que aparezca el expediente”, sentenciaron los dos operadoruchos.
Hostigan a los equipos de los jueces para orillarlos, doblegarlos, apartarlos… Crear distancia y desconfianza entre a quienes están asignados y quienes controlan su nómina. Porque esa es la ventaja de la Dirección de Gestión Judicial. Leo Luna y Humberto Sepúlveda controlan los recursos económicos, humanos y materiales sin los cuales el Poder Judicial nomás no puede caminar.
Y controlan, además, los salarios, prestaciones, bonos, compensaciones, plazas y demás, del personal administrativo que hace andar al Tribunal. Más de una persona ha perdido (dicen, legalmente o no) su compe’ porque no obedeció.
EN EL NUEVO PODER JUDICIAL, no es como nos imaginamos a los jueces: los más sagaces, búhos; los más cabrones, buitres. Y ambos con un poder desmedido. No. Eso era cosa del Viejo Poder Judicial. La elección del 1 de junio del ‘25 vino a reconfigurar la estructura de incentivos y dinámicas de poder que rigen este Poder del Estado. El “cuanto” y “como” pueden cada persona dentro del sistema judicial.
Pero no todo muere y nace de un día para otro, como nos recuerda Gramsci. El Antiguo Poder Judicial se aferra a sobrevivir. Este sistema está diseñado para someter, para blindar. Para impartir impunidad. Aunque no todos se están dejando.
Se enfrenta a una nueva generación de jueces que no responde a una sola lógica. Un grupo plural que llegó de todos lados: PAN, Morena, PRI… hasta PT. Algunos incluso impulsados por estructuras que nada tenían que ver con ellos.
Todos comparten algo y eso es que no están dispuestos a doblarse.
De un lado, la homogeneidad corrupta. Del otro, la pluralidad incómoda.
Ya se habla, entre murmullos – unos más confianzudos que otros – de una reconfiguración. Entre sonrisas ladinas de Ciudad Judicial se habla de una rebelión interna. Una ruptura todavía contenida, todavía en voz baja, pero cada vez más evidente. Se ha venido construyendo poco a poco. Cuantitativamente. El salto cualitativo, dicen, está por venir.
Es en este contexto que se desarrolla el caso del hermano del presidente del Congreso local, cuyo expediente fue objeto de presiones y de un revés que deja en claro las tensiones, presiones y realidades dentro del Nuevo Poder Judicial.
SÍ HUBO AGRESIÓN, pero “leve”. Sí traía arma, pero con permiso. Sí disparó, pero “se le fue”. Y sí hubo presión al juez, pero no del magistrado, sino de la Fiscalía. Así, pieza por pieza, el abogado Luis Eduardo Valdez Barrón armó la versión para defender a su cliente, Fernando Ramírez Gutiérrez, a la magistrada Elizabeth Macías Márquez y, de paso, deslindar al también tirano Gerardo Acosta.
El eje de la defensa está en un video que, según el litigante, fue obtenido y validado legalmente, donde no se aprecia un disparo a distancia, sino un forcejeo. En esa versión, el arma no se habría utilizado con intención de matar, sino que el disparo se habría “escapado” en medio del jaloneo. Bajo esa lógica, no habría el famoso animus necandi, es decir, la intención de privar de la vida, clave para sostener un homicidio en grado de tentativa.
El propio abogado reconoció que su cliente sí utilizó el arma durante el altercado, aunque insistió en que no existía intención homicida. Incluso subrayó que contaba con permiso de portación. Y sobre las víctimas, sostuvo que las lesiones no pusieron en riesgo la vida y que, además, no todos presentaron querella, lo que, en su argumento, limita su calidad dentro del proceso. O sea, ‘¿qué tanto es un balacillo? Llorones. Ya no los hacen como antes…’ habría pensado la parte acusada.
En cuanto a la actuación judicial, la defensa aseguró que la magistrada actuó conforme a derecho al detectar violaciones al debido proceso. No vaya a creer usted que estuvo coaccionada, eh. Malpensados que somos todos. Con eso, justificaron la revocación de la vinculación a proceso, insistiendo en que no existe evidencia de corrupción o tráfico de influencias…
El caso, sin embargo, está lejos de cerrarse, pues Héctor Villasana -afectado- ya confirmó que interpondrá juicio de amparo, un juicio político ante el Congreso y llevará la queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Tribunal Superior de Justicia por la determinación de la ahora sí conocida -para mal- magistrada Macías Márquez.