Chihuahua, Chih.- El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional y diputado federal, Álex Domínguez, señaló que la controversia derivada del operativo realizado en Chihuahua para desmantelar un narcolaboratorio debe analizarse desde una perspectiva constitucional y jurídica, dejando de lado las narrativas políticas.
El legislador afirmó que la autorización para el ingreso de agentes extranjeros corresponde exclusivamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración, por lo que consideró que responsabilizar al gobierno estatal representa una distorsión de los hechos.
Asimismo, sostuvo que cualquier intento de la Fiscalía General de la República por citar o investigar directamente a una gobernadora en funciones sin seguir el procedimiento constitucional establecido vulneraría el pacto federal y el equilibrio entre poderes.
“Defender el fuero constitucional no significa proteger personas, sino garantizar la autonomía de las instituciones y evitar que el poder central utilice la justicia como herramienta de presión política”, expresó.
Álex Domínguez recordó que el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que para proceder penalmente contra un gobernador se requiere una declaración de procedencia y la autorización del Congreso local.
Añadió que los artículos 364 y 365 del Código Nacional de Procedimientos Penales reconocen la inmunidad procesal de titulares de poderes estatales, incluso frente a citatorios como testigos.
El dirigente priista advirtió que permitir actuaciones fuera del marco constitucional podría sentar un precedente para otras entidades federativas y debilitar el federalismo.
“Hoy es Chihuahua, mañana podría ser cualquier otro estado. No podemos permitir que las instituciones de procuración de justicia sean utilizadas con fines políticos o electorales”, afirmó.