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Por: Josselyn Enriquez

Chihuahua, Chih.- Nicéforo Ramírez Cruz, presidente del Consejo Supremo de la Tarahumara e integrantes de distintas comunidades rarámuris de la entidad, acudieron este viernes a la ciudad de Chihuahua para denunciar por presunta usurpación de funciones a Enoel Carrasco Jordán, quien se presenta como presidente del Gran Consejo Supremo Indígena de la Sierra Tarahumara y recientemente realizó declaraciones en las que involucró a la presidenta Nacional de Morena, Ariadna Montiel y a la senadora con licencia, Andrea Chávez.

Las y los integrantes indígenas informaron que presentarán una denuncia formal por usurpación de funciones y desconocieron públicamente a Carrasco Jordán como representante de los pueblos originarios. Aseguraron que Ramírez Cruz cuenta con el respaldo de más de 50 gobernadores tradicionales de distintos municipios de la Sierra Tarahumara, quienes lo comisionaron para acudir a Chihuahua a defender la representación legítima del Consejo Supremo.

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Como parte de las pruebas, mostraron el bastón de mando, símbolo tradicional que se entrega a quien es designado como autoridad, además de actas y firmas de respaldo obtenidas durante una reunión celebrada en Guachochi.

Los representantes señalaron que Carrasco Jordán no habla la lengua rarámuri, no recorre las comunidades indígenas y no es reconocido por los gobernadores tradicionales como su representante.

Explicaron que el Consejo Supremo de la Tarahumara existe desde 1939 y fue protocolizado legalmente en 1992. Indicaron que Nicéforo Ramírez fue nombrado presidente en 2012 y desde entonces representa a los gobernadores indígenas de diversos municipios.

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Los representantes reiteraron que acudirán ante las autoridades correspondientes para presentar la denuncia correspondiente por usurpación de funciones y solicitaron a las autoridades investigar quiénes son los representantes legítimos de las comunidades indígenas en el estado.

En días pasados, Enoel Carrasco Jordan denunció mediáticamente a Ariadna Montiel y Andrea Chávez por la supuesta venta irregular de terrenos en una reserva ecológica de la Sierra Tarahumara. La acusación fue retomada por la gobernadora María Eugenia “Maru” Campos en su conflicto político con la dirigencia nacional de Morena y la senadora Chávez Treviño.