Por: Josselyn Enriquez
Chihuahua, Chih. a 30 de julio 2026 – Organizaciones, reportes y recientes hechos delictivos apuntan a que el desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara está vinculado no sólo a las disputas territoriales entre grupos armados, sino también a la tala ilegal, la minería y otras actividades extractivistas. Sin embargo, el Gobierno del Estado minimizó esta hipótesis e insistió en que no existen diagnósticos suficientes para establecer esa relación. Al contrario, sostuvieron que la principal causa sigue siendo la disputa de grupos criminales por rutas de trasiego de drogas.
La titular de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno, Sara Cárdenas, explicó que, hasta el momento, las autoridades no atribuyen el desplazamiento a actividades económicas ajenas al narcotráfico.
Por su parte, el secretario estatal de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo, señaló que la problemática en la Sierra Tarahumara presenta diversos “síntomas” asociados al crimen organizado, entre ellos el desabasto de alimentos, la falta de servicios como energía eléctrica e internet, el difícil acceso a las comunidades y la posible vinculación de grupos delictivos con la minería y la tala ilegal.
No obstante, subrayó que esos factores no constituyen la causa principal del desplazamiento.
“La gran causa es la disputa territorial“, afirmó, al resaltar la relación geográfica de la región y la convergencia de grupos criminales provenientes de Sinaloa, Durango y Sonora que buscan dominar esos territorios.
En ese contexto, Sara Cárdenas insistió en la necesidad de elaborar diagnósticos específicos por zonas antes de establecer conclusiones sobre otros posibles factores que inciden en el desplazamiento.
Explicó que la labor del Gobierno del Estado se ha concentrado en brindar atención inmediata e integral a todas las personas desplazadas, sin distinguir las causas que originaron su salida de las comunidades.
Al ser cuestionada sobre si existen actividades económicas no relacionadas con el narcotráfico que puedan provocar desplazamientos, respondió que, de manera general, no se han detectado.
MÁS ALLÁ DE SÍNTOMA, INVESTIGACIONES APUNTAN A DESPLAZAMIENTO INTENCIONAL
No obstante, investigaciones académicas y periodísticas sobre crimen organizado, como Cárteles Inc. de la Dra. Guadalupe Correa-Cabrera, acreditan con evidencia que – además de las disputas entre grupos criminales por rutas de trasiego de drogas – existen intereses económicos que utilizan la violencia para facilitar el control territorial e infraestructural; el acceso a mercados legales e ilícitos; así como el acceso a recursos naturales, como minerales, bosques, agua, gas, entre otros.
Investigaciones como la antemencionada, y literatura relacionada, documentan que las zonas despobladas coinciden con áreas destinadas a megaproyectos. De acuerdo con este marco conceptual, la violencia provoca el abandono de comunidades y la depreciación del valor de la tierra, posteriormente facilitando su adquisición para proyectos de inversión de todo tipo.
En el estado de Chihuahua, la desplobación forzada por grupos armados está ligada a la tala ilegal; la siembra de monocultivos de amapola y marihuana; el control de infraestructura; robo de combustible; extracción ilegal y acaparamiento de agua; minería; especulación inmobiliaria; tráfico de migrantes, sólo para mencionar algunos.