Por: Josselyn Enriquez
Chihuahua, Chih.- El abogado penalista Jorge Emilio Hernández Mata presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de la titular del Juzgado Sexto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, Mrta. Graciela Guerrero Quiñones, así como de su secretaria judicial, Andrea Mendoza Chávez, por los presuntos delitos de prevaricación y retardo judicial, al acusarlas de cometer diversas irregularidades durante un juicio relacionado con la guarda y custodia de un menor de tres años.
El litigante, titular del despacho HM Consultores Legales, explicó que la denuncia no busca controvertir el sentido de las resoluciones judiciales, sino las presuntas violaciones al debido proceso que, aseguró, se han presentado dentro de los expedientes 8/2026 y su acumulado 3/2026.
Según Hernández Mata, la jueza emitió una resolución y posteriormente la revocó por iniciativa propia, sin que existiera algún recurso de impugnación que justificara ese cambio, para dictar una determinación completamente opuesta.
Detalló que el conflicto inició cuando la madre del menor, originaria de Guadalajara, trasladó al niño a Chihuahua sin autorización judicial. Posteriormente, solicitó autorización para tramitar un pasaporte y salir del país con el menor.
“Hicimos del conocimiento del juzgado esta situación y el juzgado le dice a la madre del menor `te doy 3 días para que me acredites el arraigo del menor`. Presenta el escrito correspondiente y la juez le dice `si no me lo acreditas, te voy a multar y te voy a variar la guardia y custodia`. Al momento que trata de justificarlo la juez le dice `no te tengo por acreditado el arraigo, te multo, nada más`”, explicó.
Explicó que, inicialmente, la jueza negó otorgar ese consentimiento y señaló que el tema sería resuelto hasta la sentencia definitiva. Sin embargo, dijo que tras la presentación de boletos de avión por parte de la contraparte, la juzgadora modificó su resolución y autorizó la salida del menor del país.
Ante ello, la defensa promovió un juicio de amparo y el Juzgado Tercero de Distrito concedió la suspensión, con lo que se evitó la salida del menor del territorio nacional, al considerar que existía el riesgo de una sustracción internacional.
Además de esa actuación, el abogado acusó retrasos reiterados en el desarrollo de las convivencias entre el padre y el menor. Señaló que, aunque el Centro Estatal de Convivencia Familiar (CECOFAM) solicitó al juzgado citar a las partes para entrevistas iniciales, los acuerdos fueron emitidos con más de diez días de demora, lo que provocó aplazamientos constantes.
Hernández Mata indicó que también presentaron una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial y expresó su confianza en que ese órgano revise la actuación de la jueza y determine, en su caso, las sanciones correspondientes.
Asimismo, adelantó que acudirán ante la Fiscalía General de la República (FGR) al considerar que la jueza no ha dado cumplimiento a una suspensión definitiva emitida por un juzgado federal, conducta que, afirmó, la Ley de Amparo contempla como un posible delito cuando es cometida por autoridades del fuero común.
Al ser cuestionado sobre las causas de las presuntas irregularidades, el litigante aseguró que inicialmente pensó que existía parcialidad, aunque posteriormente concluyó que se trataba de una “total falta de conocimiento del proceso legal”.
También sostuvo que, pese a que la jueza apercibió a la madre con modificar la guarda y custodia si no acreditaba el arraigo del menor, finalmente únicamente le impuso una multa y mantuvo sin cambios la custodia, decisión que consideró contradictoria