Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.- El desplazamiento provocado por la violencia en Chihuahua podría tener una dimensión considerablemente mayor a la que reflejan los registros oficiales. Organizaciones civiles estiman que el número de personas afectadas podría ser hasta tres veces superior debido a que muchas víctimas no denuncian por miedo o no cuentan con acompañamiento para documentar su situación.
La advertencia surgió durante la presentación de los resultados de la Misión Civil de Observación en Chihuahua 2026, ejercicio que recopiló información de aproximadamente 200 familias localizadas principalmente en Chihuahua capital, Hidalgo del Parral y Delicias.
Hay familias que han tenido que abandonar sus comunidades en distintos momentos y trasladarse incluso a otros estados ante amenazas, enfrentamientos, reclutamiento forzado y restricciones para acceder a alimentos o combustible, según refirieron en atención a medios.
Diana Villalobos Díaz, de Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (Contec), explicó que el temor a denunciar constituye uno de los principales obstáculos para conocer la dimensión real del desplazamiento, a lo que se suma la falta de asesoría y acompañamiento institucional.
Uno de los desplazamientos de mayor magnitud identificados durante la misión ocurrió en Atascaderos, Guadalupe y Calvo, donde aproximadamente 600 habitantes salieron de la comunidad en febrero de 2026 y se dirigieron principalmente hacia Hidalgo del Parral.
En otra zona de Guadalupe y Calvo, La Sierrita, se documentó en julio de 2023 la salida forzada de 60 personas. Posteriormente fueron reubicadas en Delicias, aunque el seguimiento del caso detectó carencias en atención médica, psicológica y jurídica.
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El problema también alcanza a El Manzano, en Uruachi, y Monterde, en Guazapares, donde se tienen antecedentes de desplazamiento desde 2015. En estos casos, los testimonios apuntan al reclutamiento forzado de jóvenes y a homicidios relacionados con la presencia del crimen organizado.
De esos hechos derivaron dos carpetas de investigación, dentro de un universo de 89 investigaciones relacionadas con desplazamiento forzado en Chihuahua. Aunque después de siete años las víctimas obtuvieron una resolución favorable, aún está pendiente la judicialización y se calcula que al menos 300 personas permanecen desplazadas.
En Coloradas de la Virgen, Guadalupe y Calvo, las organizaciones identificaron antecedentes de amenazas y violencia desde la década de 1960. La situación se agravó en 2015, cuando fueron asesinadas 10 personas, entre ellas los defensores ambientales Víctor y Julián Carrillo.
Para las organizaciones participantes, los desplazamientos están vinculados con la disputa de grupos criminales por territorios estratégicos del denominado Triángulo Dorado, además de actividades relacionadas con el control y saqueo de recursos naturales.