Por: Josselyn Enriquez
Chihuahua, Chih.- Las incursiones de grupos armados, el despojo de bosques y la violencia directa han forzado el desplazamiento de más de 1,500 personas en la Sierra Tarahumara y regiones colindantes. Así lo documentó la Misión Civil de Observación tras recabar los testimonios de 200 víctimas que hoy sobreviven hacinadas en albergues, el centro comunitario del DIF y viviendas rentadas en Hidalgo del Parral, Delicias y Chihuahua Capital.
El informe detalla cómo la violencia irrumpe de manera sistemática en las comunidades situadas en la zona del Triángulo Dorado. Los grupos criminales inician su despliegue con amenazas directas a los líderes comunitarios para frenar la resistencia local. Cuando la población permanece en sus casas, la agresión escala rápidamente a homicidios, desapariciones, violencia sexual contra mujeres y niñas, y el reclutamiento forzado de jóvenes.
El problema se agrava con la instalación de retenes en los caminos cercanos y el bloqueo total de carreteras, lo que corta el paso de alimentos, medicamentos y combustible, dejando a las familias en confinamiento total hasta obligarlas a huir.
La Misión recopiló datos de este impacto en siete comunidades de la región:
-Atascaderos (Guadalupe y Calvo): En febrero de 2026, tras el asesinato de un habitante y presiones vinculadas a concesiones mineras, un contingente de 600 personas huyó hacia Parral para resguardarse en el centro comunitario del DIF. En marzo, 200 de ellas intentaron regresar a sus hogares en un operativo oficial que careció de análisis de riesgo y medidas de protección; el retorno derivó en nuevas agresiones y en un segundo desplazamiento hacia el hacinamiento en Parral.
-Tamazula (Durango, con movilidad hacia Chihuahua): En marzo de 2026, el bloqueo de los accesos terrestres y la falta de carreteras hacia su propia cabecera municipal obligaron a 368 personas a trasladarse a Parral ante el desabasto total de víveres. La falta de atención provocó que 96 de ellas continuaran su dispersión hacia Tijuana, Culiacán, Durango y la capital chihuahuense.
-Mesa de San Miguel (Sinaloa): En septiembre de 2025, el sobrevuelo de drones armados, balaceras continuas y el bloqueo de caminos forzaron la huida de 54 familias que terminaron alojadas en Parral, donde permanecen sin denunciar por temor a represalias.
-El Manzano (Uruachi) y Monterde (Guazapares): Un grupo de 300 personas cumple diez años fuera de sus localidades tras los primeros desplazamientos masivos de 2015 y 2016. De las 89 carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía del Estado (FGE) por este delito, solo dos ligadas a estos poblados obtuvieron sentencia tras siete años de trámites, sin que existan personas procesadas o detenidas.
-La Sierra (Guadalupe y Calvo): En junio de 2023, 60 personas (nueve familias) abandonaron sus viviendas. En agosto de ese mismo año fueron reubicadas en refugios de Delicias por la Comisión estatal de Atención a Víctimas, donde permanecen sin atención médica, apoyo psicológico ni asesoría legal.
-Coloradas de la Virgen: Acumula 10 homicidios de defensores del territorio y líderes comunitarios registrados a partir de 2015.
En ese sentido, la Misión indico que el marco legal de Chihuahua exige una doble comprobación para acreditar el delito de desplazamiento forzado: probar la pérdida de residencia en el lugar de origen y demostrar que el traslado fue consecuencia directa de actos violentos, requisito que limita el avance de los procesos judiciales.