HECTOR RUEDA
¿Puede desaparecer el campo chihuahuense?
Puede parecer una pregunta exagerada, incluso alarmista. Sin embargo, basta con observar la realidad que enfrentan diariamente miles de productores de nuestro estado para entender que no estamos hablando de un escenario imposible.
Durante años, el campo chihuahuense ha enfrentado una crisis tras otra. La falta de agua se ha convertido en uno de los principales obstáculos para quienes dependen de la agricultura y la ganadería, pero la problemática no termina ahí.
Producir alimentos es cada vez más caro.
El precio del diésel, la gasolina, la maquinaria, las semillas, los fertilizantes y prácticamente todos los insumos necesarios para trabajar la tierra han incrementado los costos de producción. El productor tiene que invertir cada vez más dinero para obtener prácticamente el mismo resultado.
Y cuando finalmente llega el momento de vender, aparece otro problema: muchas veces nuestras cosechas son adquiridas a precios que difícilmente permiten recuperar la inversión realizada.
Es decir, producir cuesta más, pero vender no necesariamente significa ganar más.
Entonces debemos hacernos una pregunta que pocas veces aparece en las grandes discusiones políticas:
¿Hasta cuándo puede sostenerse un campo bajo estas condiciones?
Porque detrás de cada hectárea que deja de sembrarse existe una familia que pierde una fuente de ingresos, una comunidad que pierde actividad económica y, en muchos casos, una nueva generación que decide buscar su futuro lejos de la tierra que la vio crecer.
Aquí es donde las políticas públicas adquieren una importancia fundamental.
Durante años, distintos programas, subsidios y mecanismos de apoyo representaron una herramienta para que los productores pudieran enfrentar parte de los costos y riesgos inherentes a la actividad agrícola.
Sin embargo, muchos de estos apoyos han desaparecido, se han reducido o se han transformado.
Y la pregunta es inevitable:
¿Qué sustituyó realmente a esos apoyos?
Porque eliminar un programa sin construir una alternativa efectiva no resuelve un problema.
Simplemente deja al productor solo frente a él.
¿Dónde están los créditos verdaderamente accesibles para los pequeños y medianos productores?
¿Dónde están los incentivos suficientes para modernizar nuestra producción?
¿Dónde están las políticas públicas que permitan enfrentar las sequías?
¿Dónde están los mecanismos que ayuden al productor a comercializar sus cosechas a un precio justo?
No podemos hablar de desarrollo rural mientras nuestras comunidades pierden población joven y se debilita económicamente a la población actual.
No podemos hablar de seguridad alimentaria si cada vez es más complicado producir.
Y tampoco podemos hablar de relevo generacional si no estamos dispuestos a hablar de rentabilidad, acceso a la tierra, financiamiento, agua, infraestructura y comercialización.
El problema es que las políticas públicas no están generando las condiciones para que una nueva generación pueda tomar su lugar.
Cada joven que abandona un ejido representa mucho más que una persona que se va.
Representa una familia que cambia su forma de vida, una comunidad que pierde población y una actividad productiva que pierde la posibilidad de continuar.
Y si esta tendencia continúa, llegará un momento en que tendremos productores cada vez mayores, comunidades rurales cada vez más pequeñas y tierras que dejarán de producir, no porque quienes las trabajan hayan perdido el amor por ellas, sino porque económicamente ya no será posible arriesgar el patrimonio familiar.
Esto debería preocuparnos mucho más de lo que actualmente nos preocupa.
Porque el campo no es únicamente un sector económico.
El campo es parte de la identidad de Chihuahua.
Es el lugar donde miles de familias han construido su patrimonio, pero también es el origen de muchos de los alimentos que llegan todos los días a nuestras mesas.
Por eso, cuando hablamos del futuro del campo, no estamos hablando solamente del futuro de los campesinos.
Estamos hablando del futuro de Chihuahua.
Y aquí es donde nuestros gobiernos tienen una responsabilidad que no pueden seguir evadiendo.
No basta con decir que el campo es importante.
No basta con visitar comunidades rurales, tomarse fotografías con productores o pronunciar discursos sobre la importancia de la agricultura.
La importancia del campo debe reflejarse en las políticas públicas, en los presupuestos y en las condiciones que se generan para producir.
Porque si queremos que exista relevo generacional, primero tenemos que hacer que exista futuro.
Y si queremos que nuestros jóvenes permanezcan en sus comunidades, tenemos que garantizar que quedarse sea una opción digna y económicamente viable.
La pregunta, entonces, ya no es solamente si existe relevo generacional.
La verdadera pregunta es:
¿Qué están haciendo nuestros gobiernos para que exista?
Porque el campo chihuahuense no se está debilitando por falta de voluntad de quienes trabajan la tierra.
Se está debilitando después de años de incertidumbre, de abandono y de políticas públicas que han dejado de colocar al productor como un sector prioritario.
Y si no hacemos algo ahora, quizá dentro de algunos años no estaremos preguntándonos quién quiere trabajar el campo.
Estaremos preguntándonos:
¿Quién tiene el dinero para trabajarlo?
Héctor Osvaldo Rueda Gutiérrez es un joven campesino originario del ejido Benito Juárez, en Buenaventura, Chihuahua. Actualmente cursa la Licenciatura en Derecho y cuenta con experiencia en el Registro Agrario Nacional y la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
En 2025 participó en el Parlamento Juvenil del Congreso del Estado, representando al Distrito 01. Actualmente es coordinador de la Asociación Juvenil Cunova Chihuahua y forma parte de El Barzón Chihuahua, desde donde mantiene participación activa en las causas del sector rural.
Su trayectoria combina formación jurídica, participación juvenil y trabajo comunitario, con particular interés en la defensa de los derechos y las necesidades del campo chihuahuense.