
Chihuahua, Chih., 23 de septiembre de 2026.- Una mujer identificada como Daniela Lizet L. C. fue vinculada a proceso por los delitos de homicidio imprudencial agravado, lesiones imprudenciales agravadas y daños imprudenciales, tras un accidente ocurrido el pasado 19 de septiembre en la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc que dejó sin vida a una agente de la Guardia Nacional y lesionado a otro elemento de la corporación.
La Fiscalía de Distrito Zona Centro informó que obtuvo la vinculación a proceso luego de que el Ministerio Público de la Unidad de Investigación en la Región Santa Isabel presentara datos de prueba que acreditan la probable responsabilidad de la imputada ante un juez de Control del Distrito Judicial Morelos, dentro de la causa penal 2681/2026.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron cuando Daniela Lizet L. C. conducía un vehículo sedán Nissan Altima de reciente modelo y se impactó contra una unidad de la Guardia Nacional que atendía un accidente carretero. Tras la colisión, dos elementos de la corporación fueron arrollados.

Como consecuencia de las lesiones sufridas, falleció la agente María Luisa D. J., mientras que su compañero, identificado como Juan Alberto C. C., resultó lesionado.
La conductora fue detenida en el lugar en los términos de la flagrancia y puesta a disposición de la autoridad ministerial. La Fiscalía señaló que durante la intervención se le practicó una prueba de alcoholemia que arrojó niveles por encima del límite legal.
Durante la audiencia inicial celebrada el pasado 22 de septiembre, el juez declaró legal la detención, se formuló imputación y posteriormente se resolvió vincularla a proceso por los delitos señalados.
Como medidas cautelares, el órgano jurisdiccional ordenó que la imputada firme de manera quincenal ante el Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ), no salga del estado de Chihuahua, entregue su visa, no se acerque a las víctimas y deposite una garantía de 250 mil pesos como parte del monto destinado a la reparación del daño.
Asimismo, se fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.
