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Por: Josselyn Enriquez
Chihuahua, Chih.- La migración interna, el desplazamiento forzado por cuestiones de seguridad y la movilidad temporal de trabajadores agrícolas son algunos de los factores que podrían explicar el aparente incremento de personas en situación de calle en la capital del estado, señaló el director de Desarrollo Humano y Educación del Municipio, Mario García.
El director explicó que Chihuahua recibe a personas provenientes de otros municipios de la entidad y de diferentes estados del país, algunas de ellas desplazadas por situaciones de inseguridad y otras que llegan temporalmente para trabajar en los ciclos agrícolas, lo que genera una mayor movilidad de población.
Indicó que asociaciones civiles y religiosas también han recibido grupos de personas en estas condiciones, en un contexto en el que la capital supera el millón de habitantes y forma parte de una zona conurbada con otros dos municipios.
García reconoció que la presencia de personas en situación de calle es una problemática que se ha hecho visible en el Centro Histórico, donde comerciantes y empresarios han manifestado su preocupación por quienes permanecen en espacios públicos e incluso pasan la noche en ellos.
No obstante, consideró que la situación de Chihuahua no alcanza la magnitud que se observa en otras ciudades del país y del mundo, aunque reconoció que se trata de un fenómeno complejo que involucra distintos factores y requiere la participación de diversos sectores.
Explicó que atender esta problemática no consiste únicamente en ofrecer un lugar para dormir, sino también en garantizar condiciones dignas de higiene, resguardo de pertenencias y acceso a servicios de salud física y mental.
Asimismo, señaló que el Municipio ha buscado coordinarse con dependencias del Gobierno del Estado que cuentan con refugios y servicios de atención psiquiátrica, como el Centro de Atención a la Salud Mental (CESAME), para intervenir en casos específicos de personas o familias en situación de calle.
Indicó que existen casos en los que las personas requieren atención especializada, mientras que en otros debe respetarse su decisión y sus derechos como ciudadanos, por lo que las intervenciones deben realizarse dentro del marco de la normativa de justicia cívica.