Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.- Cambiar las reglas para determinar el valor catastral de las propiedades y eliminar un beneficio fiscal relacionado con la compra de inmuebles son parte de una iniciativa presentada por el diputado del PAN, Jorge Carlos Soto Prieto, que plantea reformar la Ley de Catastro y el Código Municipal de Chihuahua.
La propuesta que se discutirá hoy en la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, busca establecer con mayor precisión cómo deben calcular las autoridades el valor de terrenos y construcciones, luego de que disposiciones vigentes han sido cuestionadas en tribunales por no ofrecer suficiente claridad sobre los criterios utilizados para determinar el impuesto predial.
Uno de los argumentos centrales de la iniciativa es que los propietarios deben conocer con qué parámetros se calcula el valor de sus inmuebles y qué elementos pueden provocar que este aumente o disminuya. Esto permitiría, según el planteamiento, reducir la discrecionalidad de las autoridades y dar mayor certeza jurídica a los contribuyentes.
Para ello, se propone modificar diversos artículos de la Ley de Catastro estatal, con reglas más detalladas sobre la clasificación de los predios, los valores unitarios del suelo y las construcciones, así como los factores que se utilizan para ajustar su valor catastral.
La iniciativa también plantea que los valores se sustenten en análisis del mercado inmobiliario y que los criterios técnicos utilizados para determinar el valor de una propiedad estén establecidos en las tablas de valores aprobadas por el Congreso del Estado.
El proyecto no propone aumentar directamente la tasa del predial, ni modificar los sujetos obligados o los periodos de pago. Su objetivo declarado es cambiar las disposiciones que sirven para determinar la base sobre la cual se calculan las contribuciones inmobiliarias.
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Sin embargo, una modificación relevante se encuentra en el impuesto sobre traslación de dominio, relacionado con la adquisición de bienes inmuebles. El diputado propone eliminar una disposición que permite deducir el valor de una adquisición anterior cuando no han transcurrido más de tres años.
De acuerdo con la exposición de motivos, ese beneficio puede reducir la base gravable de una operación actual tomando en cuenta una compraventa previa realizada por otra persona. El legislador considera que esta deducción genera diferencias de trato entre compradores y plantea su eliminación para que el cálculo se relacione con el valor del inmueble adquirido.
De aprobarse este cambio, desaparecería esa deducción específica, lo que podría incrementar el monto del impuesto para las operaciones que actualmente se benefician de ella. El impacto dependerá de las condiciones de cada transacción y de las disposiciones fiscales aplicables.
Otro de los puntos contempla actualizar referencias legales e institucionales, precisar las facultades de las autoridades catastrales y homologar conceptos utilizados para asignar o modificar el valor de los predios. También se busca establecer procedimientos más claros cuando un terreno se subdivide, se fusiona o cambia su configuración.
La propuesta incluye, además, ajustes al procedimiento para impugnar la asignación o revaluación del valor catastral, con la intención de que los contribuyentes puedan cuestionar las determinaciones que consideren incorrectas.
En su justificación, Soto Prieto sostiene que las reformas permitirían fortalecer los ingresos propios de los municipios y, al mismo tiempo, garantizar que el cobro de las contribuciones inmobiliarias se realice bajo reglas claras, verificables y acordes con los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria.