Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.- La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Daniela Álvarez, llamó a dejar en manos de los jueces la resolución de los procesos que enfrenta César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua y aspirante a la alcaldía capitalina, aunque puso en duda la actuación de las autoridades federales tras su intervención en el caso.
Aclaró que no conoce el contenido de las investigaciones y que, por esa razón, no adelantará una postura sobre los hechos que se le atribuyen.
“Que decidan los jueces con pruebas y con apego a la ley”, sostuvo.
No obstante, Álvarez centró sus cuestionamientos en la actuación de la FGR, luego de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) determinara que el exfiscal podía continuar su proceso local en libertad, sujeto al cumplimiento de medidas cautelares.
Horas después, Jáuregui fue detenido y trasladado al penal federal del Altiplano, en el marco de la investigación por el presunto delito de traición a la patria.
La dirigente consideró que la secuencia de los acontecimientos genera dudas sobre los motivos de la intervención federal y acusó a Morena de utilizar el caso con fines políticos.
“¿Por qué la Fiscalía General de la República actúa horas después de que un juez local resolvió? Eso no es procuración de justicia. Eso es cálculo político”, afirmó.
Pese a pedir que no se emitan juicios anticipados contra Jáuregui, la líder panista también retomó las acusaciones de un supuesto “narco pacto” contra el Gobierno Federal, una línea de confrontación política que Acción Nacional ha sostenido desde abril, en el contexto de las investigaciones derivadas del operativo en El Pinal, municipio de Morelos.
En ese lugar se desmanteló un presunto narcolaboratorio en un operativo en el que habrían intervenido agentes de la Agencia Estatal de Investigación y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
Los hechos derivaron en indagatorias contra funcionarios estatales, incluido el exfiscal, por su posible participación en conductas que las autoridades federales investigan como traición a la patria.
Por su parte, Álvarez defendió la postura de su partido al señalar que los servidores públicos deben asumir las consecuencias legales que correspondan cuando existan elementos para ello.
“En Acción Nacional sabemos que todos los que servimos en lo público, debemos responder ante la ley si es necesario, y lo asumimos con la frente en alto. Aquí sí defendemos principios. Eso nos hace distintos y distinguibles”, expresó.