Por: Josselyn Enriquez
Chihuahua, Chih.- La eurodiputada Diana Riba i Giner, del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), alertó sobre un posible esquema de despojo territorial detrás del desplazamiento forzado de comunidades indígenas en la Sierra Tarahumara, particularmente en Guadalupe y Calvo, Baborigame y Parral, donde familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia sistemática, mientras sus tierras y recursos permanecen en disputa.
Durante una visita al estado, la eurodiputada calificó este fenómeno como el “negocio del despojo”, al señalar que la expulsión de habitantes permite que terceros mantengan el control de los territorios y aprovechen sus recursos naturales, entre ellos los minerales como el oro y la plata.
“Hemos visto también que hay un negocio del despojo en Chihuahua. Las familias se van, se van de sus territorios, pero las tierras y sus recursos se quedan, se quedan en estos pueblos”, expuso.
En ese sentido, cuestionó quiénes se benefician de las tierras que quedan abandonadas y quiénes están detrás de las actividades que, de acuerdo con las organizaciones que acompañan a las víctimas, estarían relacionadas con el control territorial y el fortalecimiento de economías criminales.
Riba advirtió que la violencia ha provocado el abandono de comunidades enteras, donde anteriormente existían escuelas, niñas, niños, campos y actividades comunitarias, pero que ahora enfrentan un escenario de despoblamiento.
Ante este panorama, informó que durante su visita se presentaron cuatro propuestas a las autoridades, enfocadas en atender las necesidades de las familias desplazadas y generar condiciones para encontrar soluciones.
Entre las medidas expuestas destacó la necesidad de establecer una coordinación interinstitucional entre los gobiernos municipales, estatales y federal, con responsables específicos que permitan identificar las necesidades de las víctimas, dar seguimiento a los casos y trabajar en conjunto con las comunidades y organizaciones civiles.
Asimismo, propuso elaborar un censo transparente de las personas desplazadas, con cifras claras que permitan dimensionar el problema y evitar que las políticas públicas se diseñen sin conocer la magnitud de las necesidades.
Como punto final, la eurodiputada también señaló la importancia de contar con un presupuesto específico para atender a las familias y de actuar sobre las causas que originan el desplazamiento, particularmente la violencia que obliga a las comunidades indígenas a abandonar sus territorios.