Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.- La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Marcela Herrera Sandoval, no logró dar una respuesta clara este martes sobre el procedimiento que debe seguir el Poder Judicial local tras la recaptura del exgobernador César Duarte, realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) la tarde de ayer.
Cuestionada directamente por la prensa acerca de si la FGR está obligada a notificar al ámbito local sobre la detención y el mecanismo al que se deberán apegar las autoridades de Chihuahua, la magistrada terminó ofreciendo declaraciones vagas que no resolvieron la duda planteada.
Herrera Sandoval hizo referencia únicamente al brazalete electrónico que Duarte tenía vigente como medida cautelar, sin confirmar si existió o no comunicación formal entre autoridades federales y estatales.
“Lo único que nosotros sí necesitamos tener conocimiento es… porque, como ustedes saben, tienen una, una… la medida cautelar del brazalete… y en este sentido pues nosotros estamos monitoreando ¿verdad?”, expresó, sin responder sobre las obligaciones de notificación.
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Añadió que durante el vuelo en el que fue trasladado el exmandatario, el brazalete perdió conexión, situación que, dijo, habría obligado al Tribunal a tomar previsiones si no hubieran recibido ninguna información adicional.
“Cuando el brazalete deja de tener alguna conexión, como fue el caso de ayer durante el vuelo, sí nosotros tenemos que… en el caso de que no hubiéramos tenido alguna información, pues eso es un tema que nosotros teníamos que estar previendo”, señaló.
Finalmente, la presidenta del TSJE se limitó a expresar que el Poder Judicial se mantendrá atento a lo que determinen las autoridades federales.
“Estaremos en espera de las indicaciones de las autoridades federales. Es la información que tenemos”, dijo.
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó ayer la orden de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivada de un mandato judicial emitido en mayo de 2024 y autorizado por autoridades de Estados Unidos para ampliar las imputaciones más allá de las que motivaron su extradición en 2022.
Este nuevo arresto se suma a su historial de procesos iniciados desde 2020, cuando fue detenido en Miami y posteriormente entregado a México en 2022.
En el ámbito local, la Fiscalía de Chihuahua le imputa peculado, desvío de recursos y asociación delictuosa, derivados de presuntas irregularidades durante su administración entre 2010 y 2016.
La acusación sostiene que se desviaron millones de pesos del erario mediante contratos irregulares, triangulaciones financieras y el uso de dependencias estatales para beneficio personal o político. Estos expedientes generaron múltiples órdenes de aprehensión estatales que continúan vigentes.
En el plano federal, la FGR lo acusa de participar en un esquema de lavado de dinero que habría permitido ocultar recursos desviados mediante operaciones financieras realizadas a través del sistema bancario nacional. Por la naturaleza del delito -que implica la movilización y encubrimiento de fondos de origen ilegal- la investigación quedó en manos del Ministerio Público de la Federación.
Tras su captura, el exmandatario fue trasladado al Penal del Altiplano, mientras las autoridades federales aseguran que este proceso representa un “nuevo inicio” para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.