Chihuahua, Chih, 23 septiembre 2026. El regidor y presidente del Consejo estatal de morena, Hugo Eduardo González Muñiz, manifestó su negativa a que se venda un tramo de la calle Bustamente, en la colonia Altavista, para construir un centro comercial, al sostener la vulnerabilidad de la infraestructura púbica ante los intereses mercantiles de privados.
“Me opongo rotundamente a la enajenación o venta de un tramo de la calle Bustamante. Y lo digo con toda claridad, porque aquí no estamos discutiendo únicamente si 18 millones de pesos son mucho o poco. Estamos discutiendo algo más profundo: si un bien público, una calle que pertenece a toda la comunidad, puede transferirse de manera permanente a intereses privados para complacer a determinados grupos empresariales”, manifestó el regidor.
Hugo González consideró preocupante que los argumentos para permitir esta entrega pública a privados, sean la “promoción de plusvalía al sector”, “que la inversión privada construye ciudad”; o que “se verá más bonito el centro comercial que la calle que nadie usa”, por lo que considero un insulto a la ciudadanía y a la cosa pública.
El edil de morena sostuvo que las calles y avenidas son bienes de dominio público e institucionales que por su naturaleza y función, pertenecen a toda la comunidad y su valor no depende únicamente de cuántos vehículos pasan frente a ellas en una hora determinada. También está en la continuidad urbana que garantizan, en las rutas que permiten, en los servicios que alojan y en las posibilidades futuras que conservan para la ciudad.
González expuso que vender un tramo vial no significa únicamente transferir permanentemente un activo colectivo a manos de una corporación privada, sino también, aceptar que el interés económico particular puede colocarse por encima del derecho de propiedad social de la ciudadanía, y marca un precedente peligroso que abre la puerta a que en un futuro cualquier otro bien común podría ser presentado como una oportunidad de negocio.
Agregó que al cerrar o enajenar una calle se interrumpe la continuidad urbana, se obliga a vecinos y automovilistas a utilizar rutas alternas, aumentan los tiempos de traslado y se incrementa la congestión en las calles aledañas que tendrán que absorber el tráfico desviado.
En este sentido, el regidor advirtió que este tipo de operaciones puede ser cuestionado por la cercanía entre gobernantes y élites empresariales, donde la venta de infraestructura pública genera legítimas sospechas de favoritismo y opacidad cuando los dictámenes técnicos no se transparentan plenamente.
Se señaló que habría una etapa de diálogo o concertación con vecinos antes de someter la propuesta al Pleno. Ese diálogo no debe ser un trámite decorativo ni una reunión informativa posterior a una decisión ya tomada. Debe ser público, documentado, amplio, de buena fe y previo a cualquier aprobación definitiva. Al menos yo no recibí esa información.
De igual forma, enfatizó que las medidas anunciadas para el proyecto como seguridad peatonal y accesibilidad entre otros, no son concesiones extraordinarias, si no lo mínimo esperado para un proyecto de tal envergadura, además de que los 18 millones de pesos no resuelven el problema de movilidad, puesto que representan apenas el 0.25% del presupuesto anual municipal para 2026.
“No estoy en contra de la inversión privada. Estoy en contra de que se use la inversión privada como argumento automático para disponer del patrimonio de todas y todos. Estoy a favor del desarrollo, pero de un desarrollo que respete la ciudad, la movilidad, los servicios, la participación vecinal y el interés público”, finalizó Hugo González.