Autoridades de los Estados Unidos (EE.UU.) y estados fronterizos desplegaron recientemente a 24.000 efectivos en la frontera sur con el objetivo de frenar la migración, lo cual plantea preocupaciones y genera críticas. Esta medida surge a raíz de la expiración del Título 42 y la reintroducción del Título 8, y ha provocado un aumento en la militarización y la represión en la frontera.
El despliegue de 4.000 elementos del Departamento de Defensa, 10.000 agentes de la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales, así como los 10.000 efectivos de la Guardia Nacional enviados por el gobernador de Texas, Greg Abbott, refleja una respuesta desproporcionada y excesiva ante la migración. En lugar de abordar las causas fundamentales de la migración y buscar soluciones humanitarias, Estados Unidos opta por una estrategia punitiva y represiva.
Es importante recordar que el gobierno estadounidense ha estimado la llegada de hasta 12.000 migrantes por día, una cifra que excede su capacidad para recibirlos o deportarlos. Esta situación evidencia la falta de preparación y recursos adecuados para afrontar la migración de manera humanitaria y respetuosa de los derechos humanos.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha enfatizado que las fronteras no están abiertas y ha advertido a los migrantes sobre las consecuencias de cruzar irregularmente. Sin embargo, esta postura no aborda las necesidades y desafíos reales de las personas que huyen de la violencia, la pobreza y la persecución en busca de una vida mejor.
CONTROVERCIA POR LA EXPULSIÓN DE MIGRANTES BAJO EL TÍTULO 42
Además, el Título 42, adoptado durante la Administración de Donald Trump y mantenido por el presidente Biden, permite expulsar a migrantes supuestamente por razones sanitarias relacionadas con la pandemia de Covid-19. Esta medida ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y expertos en salud, quienes argumentan que su aplicación no se basa en fundamentos científicos sólidos y viola el derecho internacional de protección a los solicitantes de asilo.
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Asimismo, el Título 8 establece restricciones adicionales para solicitar asilo, considerando “no aptos” a aquellos migrantes que crucen de manera irregular y no hayan solicitado asilo en un tercer país durante su travesía hacia Estados Unidos. Esta política limita aún más las opciones de protección para las personas que huyen de la violencia y la persecución, negando su derecho fundamental a buscar refugio.
El simulacro de seguridad y contención de migrantes en el puerto internacional de San Ysidro, así como el traslado de migrantes a otros centros de procesamiento en el interior de Estados Unidos, refuerzan la imagen de un enfoque represivo y centrado en la seguridad en lugar de abordar los aspectos humanitarios y de derechos humanos de la migración.
En resumen, el despliegue masivo de efectivos y la aplicación de políticas restrictivas en la frontera sur de Estados Unidos reflejan una respuesta desproporcionada y preocupante. En lugar de abordar la migración desde una perspectiva humanitaria.