Una mujer del municipio de Santa Bárbara recibió prisión preventiva por un caso de abuso sexual de una menor de edad, hechos que ocurrieron entre los años 2015 y 2019.

La contundencia de la investigación llevada a cabo por los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur ha dado paso a un significativo desarrollo legal en torno a Bertha Rocío R. V., cuyos actos han sido el centro de un auto de vinculación a proceso penal emitido por un Juez de Control.

Este nuevo capítulo en su historia legal se origina en una serie de delitos supuestamente perpetrados en contra de un menor de edad en el municipio de Santa Bárbara, abarcando el período entre noviembre del año 2015 y noviembre de 2019. Las investigaciones ministeriales trazan un sombrío relato de agresiones sexuales dirigidas hacia la víctima en reiteradas ocasiones.

LE DIO VENENO PARA RATAS Y LE FRACTURÓ EL HOMBRO

Las acusaciones también incluyen la presunta administración de veneno para ratas con el propósito de que el menor lo ingiriera. Sin embargo, el destino intervino y el menor fue conducido a un hospital a tiempo para recibir atención médica. En otro trágico episodio, la imputada habría intentado nuevamente una agresión sexual, pero esta vez el menor pudo zafarse, resultando en una fractura en su hombro derecho debido a la violenta repulsión.

Basados en la riqueza de datos probatorios y en argumentos incriminatorios presentados por la representación social, la autoridad judicial ha resuelto la situación legal de Bertha Rocío R. V. Al hacerlo, ha decretado la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva.

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Adicionalmente, el órgano jurisdiccional encargado del caso ha establecido un plazo de tres meses para la conclusión de la investigación complementaria, un período crucial que podría arrojar más luz sobre esta compleja y perturbadora serie de eventos.

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Es crucial recordar que, de acuerdo con las leyes y regulaciones actuales, la presunción de inocencia sigue protegiendo a la imputada hasta que una sentencia emitida por una autoridad judicial declare su culpabilidad o inocencia (según lo establecido en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).