En la ciudad de Tijuana, México, se ha desatado una persecución liderada por narcotraficantes contra un grupo de policías vinculados al saqueo de un importante cargamento de drogas sustraído el mes pasado de un depósito propiedad de una organización delictiva.
Según el semanario local Zeta, dos agentes sospechosos de participar en el robo han sido asesinados. No obstante, según un exjefe de Policía citado por la agencia de noticias Associated Press (AP), la represalia de la organización habría cobrado al menos la vida de otros tres agentes.
La investigación señala a varios uniformados, incluyendo policías municipales, miembros de la Guardia Nacional y agentes de paisano, como los responsables de apoderarse de varios cientos de kilos de cocaína pertenecientes a Alfonso Arzate García, alias ‘El Aquiles’, líder de una facción del Cártel de Sinaloa dirigida por Ismael ‘El Mayo’ Zambada.
Imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran a los implicados saliendo en varias camionetas oficiales cargadas con numerosas bolsas negras de contenido no identificado. Aunque las autoridades no han logrado determinar completamente las cantidades ni el tipo de droga, se presume que se trata de alrededor de 500 kilos de cocaína. Un día después del robo, ocurrido el 17 de noviembre en el fraccionamiento El Lago, individuos armados dispararon contra la fachada de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana. Casi una semana después, el 24 de noviembre, se registró otro tiroteo contra una unidad de investigación sin que se reportaran heridos. Más tarde ese mismo día, un policía municipal, aparentemente relacionado con el robo, fue asesinado a tiros.
SUSPENSION DE AGENTE
El 27 de noviembre, un agente ministerial, suspendido debido a una investigación por el robo, fue atacado a tiros en su vehículo. Este y otros agentes presuntamente involucrados en la sustracción de drogas fueron delatados por sus colegas ante las Fiscalías Estatal y Federal.
Un empleado de la Fiscalía Estatal, que prefirió mantenerse en el anonimato al hablar con AP, confirmó esta semana la muerte de los dos agentes investigados. Detalló que uno de ellos rechazó una oferta para ingresar al programa de protección de testigos a cambio de testificar en el caso. A finales de noviembre, la fiscal general de Baja California, Elena Andrade Ramírez, informó sobre la suspensión de al menos tres agentes en relación con este caso, a quienes se les ofreció protección, pero la rechazaron.