Por: Josselyn Enriquez
Chihuahua, Chih.- A través de correos electrónicos dirigido a estudiantes, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), notificó que, tras resoluciones emitidas por los Juzgados de Distritos y Tribunales Colegiados en Materia Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito en el Estado de Chihuahua, quedaron sin efectos las suspensiones que impedían a la institución solicitar el pago del semestre enero-junio del 2024.
En el comunicado, la UACH señala que dichas resoluciones establecen que:
“La justicia de la Unión no Ampara ni Protege a la parte quejosa, contra el acto reclamado y las autoridades responsables citadas“.
En ese sentido, la universidad solicita a los estudiantes acudir a la brevedad a las ventanillas de atención de Caja Única para realizar el pago correspondiente, con el fin de cubrir el adeudo pendiente.
En caso de que el estudiante ya haya cubierto el pago, se indica que puede hacer caso omiso a la notificación.
El mensaje concluye con la disposición de la institución para atender cualquier duda o comentario por parte del alumnado.
Este caso demuestra que no es la primera vez que la UACH niega los derechos fundamentales de los estudiantes, tal como el acceso a la educación.
Actualmente, también se encuentra el caso de Tania Jimena Román Villalba, estudiante de la carrera de Economía Internacional en la UACH, quien fue retirada de su salón con presencia de la policía, excluida del sistema académico y denunciada penalmente por la UACH tras su participación en acciones estudiantiles, la organización FEDECO ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el caso para que se respete y se garantice el derecho a la educación.
Aunque en este caso, la notificación por correos electrónicos estaría respaldado por fallos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, sin que hasta el momento exista una intervención de la SCJN, lo que deja una revisión del fondo a nivel federal.
Los cuestionamientos hacia el rector Luis Alfonso Rivera Campos no han dejado de revivir desde que asumió su cargo en el año 2022 y siendo primo de la actual gobernadora María Eugenia Campos Galván. Por lo que, estudiantes, colectivos y ciudadanía han señalado posible vinculación entre decisiones administrativas y políticas, especialmente ante los casos de estudiantes sancionados o criminalizados por ejercer su derecho a la protesta y a la defensa legal de sus derechos