Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih. – La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) resolvió incluir al exgobernador César Duarte Jáquez en el Registro Estatal de Víctimas, luego de documentar actos de hostigamiento atribuidos a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
La decisión, informada por el titular de la CEDH, Alejandro Carrasco Talavera, surgió tras una queja interpuesta por Duarte en 2024, en la cual denunció presuntas irregularidades durante su proceso penal, incluyendo una vigilancia que, según él, excedió los límites legales y afectó su entorno personal.
Cabe recordar que en 2024 se llevó a cabo la implementación de un brazalete electrónico a Duarte ordenado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), sin embargo, el año pasado este denunció una vigilancia permanente ejercida por unidades vehiculares supuestamente pertenecientes a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la FGE con equipo también de la SSPE.
Carrasco detalló que “esa instrucción se da de parte de una jueza, y la jueza gira instrucciones a un área del Poder Judicial que se llama ‘Servicios Previos al Juicio’ donde les dice que van a supervisar a este exgobernador para que el brazalete esté cumpliendo con sus funciones de supervisión (…) aquí se está quejando de que constantemente hay vehículos estacionados (afuera de su casa), no nada más provocándole incomodidad a él sino a los vecinos y vecinas que viven en este fraccionamiento privado”.
El titular de la Comisión también señaló que los vehículos observados por Duarte son tipo ‘scorpion’, con antenas y cámaras, y reiteró que pertenecen a la AEI. Duarte afirmó haber sido seguido por estas unidades en diversas ocasiones, lo que él consideró un acto de persecución.
Aunque las acusaciones por peculado agravado y corrupción que enfrenta Duarte siguen su curso en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la CEDH subrayó que su resolución es autónoma respecto al proceso penal.
En este sentido, Carrasco enfatizó que la institución actúa desde una lógica de derechos humanos y no con fines políticos.
“La Ley establece que se tiene que utilizar el término víctima. Nosotros no creamos esa ley pero tenemos que cumplirla. La Comisión está actuando como un ente político. No estamos recibiendo ningún tipo de beneficio por parte de algún grupo político o parte del exgobernador o por parte de quien sea”.
Con esta resolución, la Recomendación 18 emitida en 2025 establece tres medidas concretas: garantizar acceso a servicios médicos o psicológicos al exgobernador si así lo solicita; inscribirlo en el Registro Estatal de Víctimas por violaciones a sus derechos humanos; y aplicar programas de capacitación institucional para evitar recurrencias en casos similares.
El propio Carrasco recordó que los derechos humanos no distinguen entre perfiles políticos o antecedentes judiciales.
“Por ahí he escuchado que los derechos humanos son para los humanos derechos, y no. Los derechos humanos son para todas las personas”.