Por: Alan Martínez
Chihuahua, Chih.- El Grupo Parlamentario del PAN presentó ante la Oficialía de Partes este miércoles una iniciativa de reforma electoral que plantea modificaciones a la Constitución local, la Ley Electoral y el Código Municipal del Estado, con el objetivo de armonizar la legislación chihuahuense con recientes cambios federales y redefinir diversos aspectos de la representación política, la integración de los ayuntamientos y los procesos electorales.
La propuesta aborda una amplia gama de temas, entre los que destacan la prohibición de la reelección consecutiva en cargos de elección popular, la reducción del número de regidurías en los municipios, la alternancia obligatoria de género en las candidaturas a la gubernatura, la incorporación de acciones afirmativas, el reconocimiento del voto para personas en prisión preventiva y la creación de nuevas causales de nulidad electoral relacionadas con la intervención de grupos criminales.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la armonización de la legislación estatal con la reforma constitucional federal publicada en abril de 2025, que eliminó la posibilidad de reelección consecutiva para diputaciones, alcaldías, sindicaturas, regidurías y otros cargos de elección popular.
REDUCCIÓN DE REGIDORES Y MARCHA ATRÁS EN ELECCIÓN DIRECTA
Otro de los cambios relevantes consiste en la reducción de regidurías en los ayuntamientos. Los promoventes argumentan que los cabildos actuales generan estructuras administrativas costosas y que una disminución de integrantes permitiría una gestión más eficiente sin afectar la representación política.
La propuesta establece que Chihuahua y Juárez tendrían 15 regidores; municipios medianos como Delicias, Cuauhtémoc o Parral contarían con 11; otros municipios tendrían nueve, mientras que los más pequeños quedarían integrados por siete regidores.
Por lo anterior, la disminución total de regidores sería de 151.
La iniciativa también elimina disposiciones que contemplaban la elección de regidores por demarcación territorial y reafirma que los ayuntamientos deben seguir siendo electos mediante voto directo, conforme al modelo previsto por la Constitución federal.
En materia de representación política, se propone elevar del dos al tres por ciento el porcentaje mínimo de votación municipal requerido para acceder a regidurías de representación proporcional, con el argumento de fortalecer la representatividad de quienes integran los cabildos.
MINORÍAS Y ALTERNANCIA DE GÉNERO
La reforma incorpora además la figura de regidurías indígenas electas conforme a los sistemas normativos internos de los pueblos originarios. En los municipios cuya población indígena sea igual o superior al 40 por ciento, se agregaría una regiduría indígena con las mismas facultades y obligaciones que el resto de los integrantes del ayuntamiento.
En cuanto a paridad de género, la propuesta establece que los partidos políticos deberán alternar el género de sus candidaturas a la gubernatura respecto de la elección anterior.
Es decir, si un partido postuló a un hombre en el proceso previo, deberá registrar a una mujer en la siguiente elección, y viceversa. Los promoventes argumentan que esta medida busca acelerar el acceso de las mujeres a los cargos ejecutivos estatales.
Asimismo, se fortalecen las acciones afirmativas para personas indígenas, con discapacidad y de la diversidad sexual tanto en candidaturas a diputaciones como en regidurías. Los partidos estarían obligados a reservar espacios específicos para estos grupos poblacionales.
La iniciativa también incorpora como requisito de elegibilidad el cumplimiento de la denominada política “3 de 3 contra la violencia”, además de reconocer el derecho al voto de personas privadas de la libertad que no cuenten con una sentencia condenatoria firme.
ACTOS ANTICIPADOS E INJERENCIA DEL CRIMEN
En materia de justicia electoral, se propone fortalecer el Procedimiento Especial Sancionador para atender con mayor rapidez casos relacionados con actos anticipados de campaña, propaganda indebida, violencia política de género, calumnia electoral y vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes. También se reducen plazos para admitir quejas y emitir medidas cautelares.
La iniciativa fija plazos específicos para concluir el conteo de votos y establece que las sesiones de cómputo deberán realizarse de forma continua y sin recesos, con el propósito de otorgar mayor certeza a los resultados electorales.
Finalmente, uno de los apartados más novedosos plantea crear una causal de nulidad electoral por actos de delincuencia o intervención criminal.
La propuesta permitiría anular elecciones cuando se acrediten actos de violencia, amenazas, intimidación o presión ejercida por grupos criminales o poderes de facto para influir en el resultado de una contienda.
Además, quienes resulten beneficiados por esas conductas podrían quedar impedidos para participar en una elección extraordinaria derivada de la nulidad.
Para revisar a detalle la iniciativa, puedes hacer click aquí.