Golpes, amenazas de muerte, robos y humillaciones contra dos adultos mayores. Pese a las denuncias y antecedentes, Emilio fue declarado inimputable y continúa viviendo con sus víctimas.
REPORTAJE DE ALAN MARTÍNEZ
Chihuahua, Chih.- Emilio L.D., de 36 años de edad, ha robado, humillado, amenazado de muerte y golpeado a sus padres durante aproximadamente dos décadas sin que ninguna autoridad haya logrado detener el ciclo de violencia.
En 2021 estuvo sujeto a un proceso penal por los delitos de violencia familiar, lesiones, tentativa de homicidio, daño en propiedad ajena, privación ilegal de la libertad, robo y extorsión. Sin embargo, fue absuelto tras ser declarado “inimputable” debido a problemas mentales que derivaron del mismo consumo prolongado de drogas como el cristal y la heroína.
Hoy, el agresor continúa viviendo con sus padres, las mismas personas que durante años lo denunciaron, ambos adultos mayores a los 70 años de edad. La vivienda familiar, ubicada en la colonia Campesina, se ha convertido también en un lugar donde, según sus allegados, Emilio consume drogas e incluso permite el ingreso de otras personas para hacerlo, convirtiendo el domicilio en un “picadero”.
De acuerdo con el testimonio de la familia, las agresiones comenzaron cuando Emilio tenía alrededor de 16 años. Desde entonces ha golpeado tanto a su padre, Don Emilio, un adulto mayor dedicado a la jardinería y de escasos recursos, como a su madre, Nicolasa, quien vive con una severa discapacidad derivada de un problema en la columna y además carece de una de sus manos.
“Ya no podemos y le valemos madre a todos”, dijo Don Emilio a este medio de comunicación. “¿Qué chingados podemos hacer nosotros? Hablamos y no se lo llevan, nunca hacen nada. No podemos ya ni dormir. Nos va a matar este cabrón”, agregó Emilio padre, quien tiene una delicada lesión en el craneo desde el 2010 a causa de un accidente laboral donde resultó electrocutado y cayó de un tercer piso, estando a punto de perder la vida.
Además del antecedente penal por los delitos antes citados, cuenta con un historial de años en los registros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Con la esperanza de rehabilitarlo, sus padres lo internaron en distintos centros de atención a las adicciones. Sin embargo, aseguran que los resultados fueron nulos.
Relatan que Emilio estuvo internado en al menos cinco centros de rehabilitación en diferentes etapas de su vida, pero nunca mostró voluntad para abandonar el consumo de drogas. También fue ingresado en varias ocasiones al Centro de Salud Mental (Cesame), hoy Hospital de Salud Mental (HOSAME), aunque las estancias fueron breves debido a la alta demanda del lugar y, según la familia, sin resultados favorables.
Nicolasa asegura que durante años su hijo les ha robado dinero y pertenencias, además de someterla constantemente a insultos y humillaciones. “Perra”, “pendeja”, “estúpida”, “pinchi vieja”, son algunas de las expresiones que escucha de manera habitual mientras él le exige prepararle comida, lavar su ropa y atenderlo en diferentes necesidades.
La familia sostiene que Emilio ha insultado y golpeado a ambos padres en distintas ocasiones, sin importar la edad avanzada de sus víctimas, la diferencia física ni la discapacidad de su propia madre. Además, afirman que, en medio de episodios asociados al consumo de sustancias, tanto ellos como otros familiares lo han escuchado decir que los asesinará mientras duermen.
El pasado sábado 18 de julio, minutos antes de la medianoche, de acuerdo con un familiar, Emilio permitió el ingreso de dos personas con problemas de adicción al domicilio ubicado en la privada de Claveles, mientras sus padres dormían en una habitación que ni siquiera cuenta con puerta.
El familiar, nieto de los adultos mayores, asegura que al llegar encontró a los tres individuos consumiendo drogas en la sala, apenas a unos metros del lugar donde descansaban Nicolasa y Emilio, su abuelo. Semanas antes, Emilio también había permitido el ingreso de otra persona consumidora de drogas al domicilio, quien igualmente fue retirada por el mismo familiar tras un enfrentamiento físico contra ambos.
Sus allegados aseguran que anteriormente pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación consumiendo sustancias. Ahora, afirman, se ha apropiado prácticamente de toda la planta baja de la vivienda, drogándose en la sala, dejando jeringas en disttintas áreas del domicilio y, cuando sus familiares amenazan con llamar a la policía, responde con burlas..
LA INIMPUTABILIDAD COMO DETONANTE DE LA IMPUNIDAD
La resolución judicial se sustentó en una figura jurídica conocida como inimputabilidad, mediante la cual una persona puede quedar exenta de respnsabilidad penal cuando, al momento de cometer un delito, carece de la capacidad para comprender el carácter ilícito de sus actos o para conducirse conforme a esa comprensión debido a un trastorno mental. Así lo establece el Código Penal Federal, que considera inimputable a quien, al momento de la acción u omisión, no posea dicha capacidad a causa de una enfermedad mental o de una grave perturbación de la conciencia.
No obstante, el propio ordenamiento contempla una excepción. La fracción VII del artículo 15 dispone que la exclusión del delito no aplica cuando el propio sujeto provocó, dolosa o culposamente, el trastorno mental que dio origen a esa incapacidad, supuesto en el que deberá responder penalmente por el resultado de sus actos siempre que estos hayan sido previsibles.
De acuerdo con su familia, el deterioro mental que hoy presenta no deriva de una condición hereditaria o congénita, sino de años de consumo de heroína y cristal. Aun así, fue declarado inimputable y absuelto de delitos que incluían violencia familiar, lesiones, tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, robo, extorsión y daño en propiedad ajena.
Una parte importante de las personas que actualmente son consideradas inimputables por los tribunales han desarrollado trastornos mentales asociados al consumo prolongado de drogas sintéticas y estupefacientes. Se trata de un fenómeno cuya raíz se encuentra estrechamente ligada al narcotráfico (cuya responsabilidad principal recae directamente en el Gobierno Federal), a la falta de atención en salud mental y a la ausencia de políticas públicas eficaces para prevenir y atender las adicciones.
La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos aborda esta problemática en el fascículo “Situación de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables en centros penitenciarios”, donde distingue tres grandes grupos de personas inimputables: aquellas con discapacidad intelectual o general; quienes presentan discapacidad psicosocial; y quienes desarrollaron una dependencia o hábito de consumir estupefacientes.
En ese mismo documento, la CNDH sostiene que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones adecuadas de atención, tratamiento y protección para estas personas.vLa realidad, sin embargo, dista considerablemente de ese mandato.
HOSAME SATURADO Y CON HISTORIAL DE CRISIS
En Chihuahua no existe una infraestructura suficiente para atender a personas declaradas inimputables que representan un riesgo para terceros. El Hospital de Salud Mental (HOSAME), uno de los pocos espacios destinados a estos casos, opera bajo una saturación permanente que obliga a reducir los tiempos de internamiento. La propia familia de Emilio asegura haber experimentado esa situación durante años.
Después de múltiples ingresos al entonces Cesame (hoy HOSAME), las estancias rara vez superaban unas cuantas semanas debido a la elevada demanda del hospital. Una vez dado de alta, regresaba al mismo domicilio donde se encontraban sus víctimas y, poco tiempo después, retomaba el consumo de drogas y las agresiones.
En 2022, el HOSAME reportó un incremento cercano al 60 por ciento en el número de pacientes respecto a años anteriores. Paralelamente, el Departamento de Trabajo Social de la Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que diariamente canaliza personas detenidas por problemas de adicción hacia ese hospital.
La presión sobre el sistema ha sido tal que, en abril de 2023, alrededor de 140 trabajadores del HOSAME realizaron una manifestación para exigir la reubicación de pacientes inimputables considerados violentos o, en su defecto, la creación de un área especializada para su atención.
La crisis quedó nuevamente expuesta en febrero de 2024, cuando un motín al interior del hospital reveló denuncias por presuntas abusos, maltrato y la convivencia de pacientes psiquiátricos del nuevo sistema penal, en calidad de inimputables, con el resto de los internos.
Tras esos hechos, la diputada Jael Argüelles Díaz solicitó la intervención de la Secretaría de Salud y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, además de promover una reforma a la Ley de Salud Mental del Estado para fortalecer los servicios de consulta externa, urgencias, hospitalización, rehabilitación y tratamiento de personas con trastornos mentales. La legisladora también cuestionó el presupuesto destinado al sector.
Recordó que, entre 2023 y 2024, el Hospital de Salud Mental recibió el menor incremento porcentual de todos los centros operados por ese organismo descentralizado: apenas pasó de 60 millones 139 mil 818 pesos a 66 millones 648 mil 949 pesos.
En el mismo sentido, señaló que el Instituto Chihuahuense de Salud Mental incrementó su presupuesto de 2 millones 167 mil 805 pesos a 5 millones 300 mil 762 pesos, una cifra que, pese al aumento porcentual anunciado, continúa siendo reducida frente a la dimensión del problema.
ES LA VIOLENCIA FAMILIAR DE LOS PRINCIPALES DELITOS EN CHIHUAHUA
En Chihuahua, la violencia familiar se ha consolidado desde hace años como uno de los delitos de mayor incidencia. Detrás de miles de carpetas de investigación existe un patrón que autoridades de seguridad, ministerios públicos y personal de salud reconocen de manera recurrente, y es que una parte importante de los agresores presenta problemas de consumo de drogas, particularmente metanfetaminas (conocidas como cristal), alcohol o una combinación de ambas sustancias.
El propio titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas González, ha confirmado que alrededor del 70% de las llamadas de auxilio que recibe la corporación, es por temas de violencia familiar.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de FICOSEC, durante 2025 se registraron 3 mil 447 denuncias por violencia familiar en el municipio de Chihuahua, apenas un 2 por ciento menos que las 3 mil 508 contabilizadas en 2024.
El Programa Municipal de Desarrollo documenta 3 mil 304 denuncias en 2018; 3 mil 103 en 2019; 3 mil 202 en 2020; 3 mil 226 en 2021; 3 mil 530 en 2022 y 3 mil 048 únicamente entre enero y septiembre de 2024. A ello se suma que, durante el primer trimestre de 2025, FICOSEC reportó un incremento anual del 15 por ciento en el número de víctimas respecto al mismo periodo del año anterior.
En la capital del estado, las denuncias por narcomenudeo pasaron de 1 mil 259 en 2024 a 1 mil 368 en 2025, un incremento del 9 por ciento. Durante el primer trimestre de ese mismo año, el delito volvió a crecer 16 por ciento entre febrero y marzo, de acuerdo con la Mesa de Seguridad y Justicia.
CONGRESO OCUPADO SIEMPRE EN LA GRILLA
Durante las últimas dos décadas, el Congreso del Estado ha construido un amplio marco jurídico para combatir las adicciones y proteger a las víctimas de violencia familiar. El punto de partida fue la expedición, en 2011, de la Ley Estatal de Atención a las Adicciones, concebida como un instrumento para fortalecer la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social de las personas consumidoras de sustancias.
Sin embargo, más de veinte años de reformas, exhortos, iniciativas y discursos legislativos no han logrado modificar de manera significativa los indicadores de violencia familiar ni contener el crecimiento del consumo de drogas.
Las deficiencias siguen apareciendo en prácticamente todos los niveles del sistema, desde hospitales saturados hasta la insuficiencia de espacios especializados para personas inimputables, así como centros de rehabilitación que operan sin supervisión adecuada (con homicidios y hallazgo de armas en sus interiores), presupuestos limitados para salud mental, protocolos policiales insuficientes y familias que, en muchas ocasiones, terminan enfrentando solas una problemática que supera por completo sus posibilidades.
En repetidas ocasiones, las sesiones legislativas han consumido horas en confrontaciones partidistas, posicionamientos políticos y debates alejados de los problemas que enfrentan miles de familias chihuahuenses.
Un ejemplo ocurrió durante la actual Legislatura, cuando en mayo pasado, una sesión ordinaria se prolongó durante varias horas debido al intercambio de acusaciones entre Morena y el PAN derivado de los señalamientos entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la gobernadora Maru Campos.
Como ese, se han repetido debates sobre conflictos partidistas, resoluciones electorales, diferencias entre gobiernos o declaraciones de actores políticos nacionales, mientras reformas relacionadas con salud mental, prevención de adicciones y fortalecimiento institucional avanzan con mucha menor velocidad.
YO SOY EL NIETO
Ahora me permitiré cambiar la estructura narrativa, de informativa a opinión en voz propia.
Yo, Alan Martínez, quien escribe estas líneas, soy el nieto de Nicolasa y Emilio, los adultos mayores que durante años han denunciado las agresiones de su propio hijo. Durante buena parte de mi vida observé cómo la violencia se fue normalizando dentro de mi familia.
Vi llegar patrullas una y otra vez. Escuché amenazas de muerte que con el tiempo dejaron de sorprender a quienes las escuchaban. Me acostumbré a dormir con los tenis puestos para no perder tiempo en situaciones de riesgo durante la madrugada al levantarme de la cama.
Presencié golpes, robos, destrucción del patrimonio familiar y el deterioro físico y emocional de dos personas (y de mí) que, aún en la vejez, continuaban viviendo con miedo dentro de su propia casa. Los defendí desde la adolescencia, con 15 años, enfrentándome incontables veces a un sujeto nueve años mayor que yo. Actualmente, estoy diagnosticado con estrés postraumático.
Sufrí las repercusiones en mi sistema nervioso. Desarrollé problemas sociales. Crisis de identidad. Problemas de ira. Depresión. Me intenté suicidar el 31 de diciembre del 2022 debido a la presión acumulada por vivir tantos años en un entorno de violencia. Marginados.
Si reaccionaba como mi frustración me lo pedía, hubiera sido yo quien terminara en la cárcel.
Vi desfilar instituciones. Policías. Ministerios Públicos. Jueces. Centros de rehabilitación. Hospitales psiquiátricos. Trabajadores sociales. Funcionarios. Con cada uno ofreciendo una esperanza distinta, pero ninguno logrando romper el ciclo.
Entendí que el problema ya no era únicamente Emilio sino también un sistema incapaz de ofrecer una respuesta integral. Uno que castiga cuando puede, rehabilita cuando tiene espacio, protege cuando existen condiciones y, cuando ninguna de esas alternativas funciona, simplemente devuelve el problema al mismo lugar donde comenzó.
Como periodista, durante años he documentado homicidios, desapariciones, corrupción, conflictos políticos, violencia y crimen organizado. He entrevistado víctimas, fiscales, gobernadores, policías, legisladores y especialistas. Las instituciones continuaron respondiendo de la misma manera, con nada materialmente efectivo.
Todo lo que antes expongo se da en una coyuntura de extrema polarización en el país, incongruencias y simulación política, insensibilidad gubernamental, así como una creciente distancia entre las prioridades de la clase política y las preocupaciones materiales de la ciudadanía.
SIMULACIÓN, DOBLE MORAL, INDIFERENCIA Y DEGRADACIÓN DE LA VIDA POLÍTICA
Mientras el discurso público se concentra en la confrontación permanente entre fuerzas partidistas y en la disputa por la narrativa política, problemas como la violencia, la desaparición de personas, la impunidad y la expansión del crimen organizado continúan deteriorando las condiciones de vida de miles de familias. En este contexto, las discusiones de fondo suelen quedar relegadas por debates coyunturales que solo generan rentabilidad política.
Ahí están, por ejemplo, los casos de diputadas que han sido objeto de críticas por privilegiar actividades ajenas a la agenda legislativa, como los viajes realizados por las diputadas del PAN Nancy Frías a París o por Xóchitl Contreras a El Paso, en medio de un contexto marcado por la violencia, simulación y las crisis institucionales.
Diputados y funcionarios también han protagonizado controversias que poco tienen que ver con el ejercicio del servicio público, como la difusión de contenido pornográfico en grupos de WhatsApp atribuida al diputado del PAN, Carlos Olson, o al subdirector de Gobernación Municipal, Pedro Oliva, hechos que provocaron cuestionamientos sobre la conducta de quienes ocupan cargos de responsabilidad.
Regidores captados confrontándose verbalmente con ciudadanos en la vía pública, como el morenista Miguel Riggs, quien retó a otro hombre a pelear en la vía pública; legisladora “diva” también de Morena cuya presencia pública parece concentrarse más en la generación de contenido para redes sociales que en la construcción de iniciativas o acuerdos parlamentarios; y señalamientos recurrentes sobre prácticas de negociación del voto legislativo entre las diferentes fuerzas políticas a cambio de intereses económicos, prostituyendo sus “convicciones”.
A ello se suman acusaciones que alcanzan al Poder Judicial, como el de la magistrada Nancy Escárcega, esposa del diputado Francisco Sánchez de Movimiento Ciudadano (MC), señalada públicamente por presunto tráfico de influencias para favorecer a su hermano procesado por secuestro; los cuestionamientos dirigidos al diputado presidente Guillermo Ramírez del PRI por un supuesto intento de influir en un asunto relacionado con su hermano involucrado en un caso de tentativa de homicidio en Parral.
O las denuncias formuladas contra el magistrado Gerardo Acosta por presuntas presiones internas, control en la asignación de expedientes, manejo discrecional de recursos y posibles actos de hostigamiento hacia juzgadores, contribuyen a fortalecer la percepción de que las instituciones encargadas de impartir justicia tampoco están exentas de prácticas que erosionan su credibilidad.
La insensibilidad de las figuras públicas tampoco es exclusiva de quienes ostentan un cargo, pues también aparece en quienes construyen una imagen alrededor de causas sociales, pero terminan actuando con la misma ligereza que dicen combatir. El caso de Ruth Sánchez es un ejemplo de ello. La activista decidió entrar al debate sobre Marisela Escobedo no para reconocer a una mujer que enfrentó sola a un sistema de justicia que le falló, sino para descalificar su lucha. Al llamar “vergüenza” a las manifestaciones que encabezó una madre desesperada por exigir justicia para su hija asesinada, redujo una de las historias más dolorosas de Chihuahua y de México a una opinión simplista, ignorando que Marisela no protestaba por protagonismo, sino porque las instituciones fueron incapaces de proteger a Rubí y posteriormente de garantizar justicia.
¿Cómo se supone que olvidemos el desgarrador llanto de Marisela ante el fallo con el que el sistema judicial absolvió al asesino de su hija?
Es precisamente esa doble moral que tanto daño hace al debate público. Figuras que hablan de empatía, derechos y causas sociales, pero que cuando una víctima no encaja en su propia narrativa terminan juzgándola, revictimizándola y olvidando que detrás de cada caso hay personas que cargan con tragedias que ningún discurso puede comprender desde la comodidad de una opinión en redes sociales.
Como si ello fuera insuficiente, el ambiente político ya se encuentra marcado por una competencia electoral anticipada. Actores de distintos partidos han iniciado, de facto, campañas de posicionamiento mediante espectaculares, promoción personalizada y estrategias de comunicación orientadas a la elección siguiente, pese a encontrarse fuera de los tiempos establecidos por la legislación electoral.
¿No les da vergüenza? ¿en dónde están más allá del discurso y la foto para Facebook?
Entre suicidios, sobredosis y homicidios (imprudenciales y deliberados) ¿cuántas vidas no ha cobrado ya esta problemática en Chihuahua?
Por eso este reportaje no pretende cuestionar la existencia de la figura jurídica de la inimputabilidad, ni desconocer los derechos de las personas que viven con un trastorno mental. Tampoco pretende criminalizar las adicciones. Lo que pretendo es evidenciar tanto la simulación política como el vacío institucional que puede repetirse en otros hogares donde conviven las adicciones, los trastornos mentales, la violencia y la ausencia de respuestas eficaces del Estado.
Quizá Emilio nunca vuelva a pisar una prisión. Quizá tampoco reciba el tratamiento especializado que necesita.
El meollo es si mis abuelos (y las miles de familias que enfrentan circunstancias similares) deberán seguir viviendo entre el miedo y la incertidumbre mientras las instituciones continúan actuando de manera aislada.
El mayor riesgo no es únicamente que exista un agresor inimputable. El mayor riesgo es que, frente a él, las figuras políticas que conforman el Estado Mexicano también parecen indiferentes e incapaces de responder.
