Este miércoles, el Ayuntamiento de Chihuahua aprobó por unanimidad una propuesta de reforma al Código Municipal del Estado que busca garantizar que quienes aspiren a ser funcionarios municipales no sean deudores alimentarios ni tengan antecedentes por delitos de violencia de género. La iniciativa fue presentada por la regidora del PAN, Patricia Ulate Bernal, y ahora será enviada al Congreso del Estado para su análisis y dictaminación.
“Como municipio debemos ser congruentes con lo que decimos y lo que hacemos. Esta medida refleja nuestro compromiso inquebrantable con el bienestar de la niñez chihuahuense y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Los servidores públicos debemos ser los primeros en dar ejemplo de responsabilidad y respeto a los derechos fundamentales”, señaló Ulate.
La propuesta forma parte de una serie de políticas públicas que el gobierno municipal ha implementado para proteger a los sectores más vulnerables de la población, como son las mujeres y la niñez. De acuerdo con Ulate, es necesario que los funcionarios públicos mantengan un comportamiento ejemplar tanto en el ámbito laboral como en el familiar.
La reforma sugiere dos nuevas fracciones al artículo 61 del Código Municipal, estableciendo que será indispensable que quienes aspiren a cargos públicos no tengan antecedentes penales por delitos como violencia familiar, acoso o abuso sexual, feminicidio, entre otros. Asimismo, será requisito no ser deudor alimentario moroso, en cumplimiento con la Ley del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas.